Ante la falta de acuerdo con los agentes sociales para acometer la anunciada reforma del modelo de formación para el empleo, el Gobierno ha decidido dar un primer paso que de facto introduce ya este año los principales cambios que caracterizarán el futuro sistema de formación de trabajadores, que debería entrar en vigor el próximo año.
El Ejecutivo ha convocado el viernes 1 de agosto una reunión del patronato de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, fundación pública que gestiona este sistema de formación, que es dependiente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y que está integrada por la Administración central, y los sindicatos y organizaciones empresariales mayoritarias.
En ella, los agentes sociales han aceptado esos cambios con el fin de sacar adelante la convocatoria de los planes de formación de este año, que aún no había sido publicada porque se había supeditado al alcanzar el mencionado acuerdo sobre la reforma del sistema.
En este documento se introducen ya cambios importantes y se sientan las bases de lo que será el futuro modelo de formación para el empleo.
Estas son las novedades más significativas:
Libre competencia y fin del monopolio
En el nuevo sistema, a partir de 2015, la totalidad de las subvenciones para la formación profesional para el empleo se adjudicarán mediante concursos en los que podrán competir libremente las entidades de formación autorizadas. Los agentes sociales perderán de esta forma el monopolio del que disfrutaban en este tipo de formación.
Patronales y sindicatos dejan de ser juez y parte
Una de los cuestionamientos más reincidentes que se hacen sobre el actual sistema de formación para el empleo es que, además de ser los adjudicatarios de los fondos, los agentes sociales son en buena medida juez y parte a la hora de adjudicar las subvenciones para la formación porque forman parte del órgano colegiado que supervisa los concursos.
En el documento aprobado ahora, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado, sindicatos y organizaciones empresariales dejan de formar parte de este órgano, que estará compuesto a partir de ahora sólo por funcionarios de carrera. Es decir, técnicos de la Administración del Estado.
Unidad especializada de la Inspección de Trabajo
En el documento se anuncia asimismo la futura creación de una unidad especializada en la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude que tendrá funciones de seguimiento y control, pero también capacidad efectiva de sanción.
Además de un régimen sancionador que incluya, por ejemplo, la imposibilidad de que los beneficiarios de planes de formación que incumplan la ley de volver a trabajar para la Administración Pública en el mismo ámbito de la formación durante, al menos, cinco años.
También se creará un buzón de denuncias de malas prácticas e irregularidades.
No se adelantará el 100% de la subvención
Las entidades que resultaban adjudicatarias de los planes de formación recibían, hasta ahora, por adelantado el 100% de la subvención para desarrollar ese plan. Esto ya no será más así. Desde el presente año, los adjudicatarios percibirán por adelantado sólo el 50% de los fondos. El presupuesto restante se dividirá en dos pagos del 25% cada uno. El primero, cuando se informe sobre los participantes en los cursos de formación una vez que estén en marcha. El restante 25%, cuando se acredite la total ejecución del curso.
Se pretende esta manera evitar una de las formas de fraude de sobra conocidas, que era la percepción de la subvención para impartir cursos que nunca llegaban a organizarse y en los que se inscribía a alumnos falsos para justificarlos.
Limitación de la subcontratación
La convocatoria de este año también introduce limitaciones en la subcontratación a terceros de los cursos de formación, en busca de una mayor eficacia y calidad en los organizadores de los planes formativos y para poner fin a una red de intereses y pleitesías que se habían ido creando en el sistema durante años.
Hasta ahora, las entidades adjudicatarias delas subvenciones solían subcontratar a otras empresas de formación buena parte de la ejecución de los planes, generando una situación de privilegio para los agentes sociales como intermediarios imprescindibles y creando una red de dependencias, favores e intereses que no ayudaban a la eficiencia y a la transparencia.
Para terminar con este tipo de situaciones se pone un límite del 50% del importe de las subvenciones en los cursos que los adjudicatarios podrán subcontratar, lo que obliga a tener potencial suficiente para poner en marcha, al menos, la mitad de los planes de formación de manera directa, sin poder subcontratarlos.
Y es que, en ocasiones, los adjudicatarios carecían de la infraestructura y logística necesaria para acometer esos planes de formación. Por ello, ya desde el año pasado se les exigía que contasen con una estructura mínima de personal estable durante el último año de al menos dos empleados.