Viernes 01/11/2019.

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Cómo es la Fundación Tripartita, que gestiona 950 millones para formación

  • Se han introducido cambios importantes en el sistema de formación profesional de los trabajadores que gestiona la Fundación Tripartita.
  • La Fundación Tripartita está integrada por Gobierno, sindicatos y patronales, pero en el nuevo sistema la Administración tendrá mayoría en u patronato.
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  • Sede de la Fundación Tripartitapara la Formación en el Empleo, en Madrid.

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo gestiona los fondos de la formación profesional de los trabajadores, procedentes fundamentalmente de las cotizaciones sociales de las empresas (0,6% del salario bruto de sus empleados) y de los trabajadores (0,1% de su sueldo bruto). Este año tiene un presupuesto de 950 millones de euros (888 de los cuales proceden de las cotizaciones) del total de 2.279 millones que el Gobierno destinó en los Presupuestos Generales del Estado a la formación dentro de las políticas activas de empleo. Los restantes 1.329 millones los administra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo INEM, para formar a los desempleados.

Hasta ahora, el patronato de esta fundación pública estaba integrado, con el mismo peso, por el Gobierno central, y los sindicatos y organizaciones empresariales mayoritarios: CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. En el nuevo sistema que deberá entrar en vigor el próximo año, la Administración pasará a ostentar la mayoría en este patronato porque la situación actual vulnera la Ley de Fundaciones Públicas, según ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas en un informe que aún es provisional sobre el actual modelo de formación profesional de los trabajadores.

Con los fondos que gestiona la Tripartita, se formó en el año 2013 a 4,27 millones de trabajadores. En 8 años se ha multiplicado por 5 el número de personas formadas y por 15 el de empresas participantes, y eso que en ejercicios anteriores se habían producido reducciones presupuestarias (fundamentalmente por la caída de las cotizaciones sociales) de hasta un 30%. En este ejercicio el recorte ha sido de sólo 3 millones de euros.

Los presupuestos

Los fondos que gestiona la Fundación Tripartita se reparten en diferentes partidas. Este año, 580 millones serán para acciones de formación interna en las empresas, que se bonifican una parte de lo ya cotizado a la Seguridad Social para impartir cursos a sus plantillas. Es la llamada formación de demanda o bonificada, que organiza cada compañía en función de sus necesidades. Ésta es la única partida que ha crecido en los últimos años.

Las grandes empresas utilizan de forma generalizada estas bonificaciones, pero el gran reto del sistema es hacer llegar la formación también a las pymes, muy mayoritarias en la economía española pero mucho menos presentes en este sistema de formación: aproximadamente el 92% de las grandes empresas (más de 250 empleados) usan las bonificaciones, el 62% de las pymes (de 10 a 249 empleados) y sólo el 27% de las micropymes (menos de 10 empleados).

La formación de los funcionarios, a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), recibirá este año 51 millones de euros. Las comunidades autónomas, que tienen sus propios planes de formación de trabajadores, percibirán otros 107 millones de euros. Y 181 millones irán a la denominada formación estatal de oferta o subvencionada, la que impartían hasta ahora los agentes sociales fundamentalmente a los trabajadores de forma gratuita. Los restantes 31 millones hasta alcanzar el presupuesto total de 950 millones son los destinados a los gastos de funcionamiento de la Fundación Tripartita.

Cambios desde hace dos años

Hasta el año 2012, los agentes sociales eran los intermediarios casi únicos en la adjudicación de estos últimos fondos, los de la formación estatal de oferta. Algunos cursos los organizaban directamente los sindicatos y las organizaciones empresariales y otros los subcontrataban a empresas de formación. Pero uno de los cambios de la última reforma laboral fue la introducción de una mayor competencia para adjudicar esos fondos, permitiendo la concurrencia de centros de formación acreditados.

El 30% del presupuesto de esa formación de oferta estatal se reservó ya en 2013 a esa libre concurrencia de las firmas de formación autorizadas, que compiten por impartir programas sin la intervención de los agentes sociales. En el año 2014 el porcentaje que será adjudicado mediante concursos con competencia abierta será el 50% y a partir de 2015 el 100%.

Cuando se adjudicaban esos fondos para impartir cursos, los organizadores –antes los agentes sociales en exclusiva– retenían un 20% en concepto de gastos asociados a la organización de los cursos. Ese porcentaje se redujo hace dos años al 10% y se eliminó la formación a distancia, nicho donde se concentraba buena parte del fraude, dejando sólo los cursos presenciales u online.

Una Historia polémica

La Fundación para la Formación en el Empleo, el antiguo Forcem, nació en 1993 para llevar la formación a la empresa española, algo que entonces sólo hacían las grandes compañías. En esa etapa estaba integrada por CCOO, UGT, CEOE, Cepyme y la Confederación Intersindical Gallega (CIG), que llegaron al primer Acuerdo Nacional de Formación Continua, refrendado en posteriores pactos hasta 2004. Eduardo Zaplana, entonces ministro de Trabajo, acometió la primera reforma de este sistema, después de numerosos escándalos y fraudes en la gestión de los fondos.

Fue entonces cuando se constituyó la Fundación Tripartita, en cuyo patronato (el órgano de gobierno) seguían presentes CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, pero se incluyó entonces también a la Administración para asegurarse un mayor control en la gestión.

El ministro socialista Jesús Caldera hizo la última reforma del sistema hasta el momento. La reforma laboral de 2012 introdujo cambios importantes, pero no cambió el modelo.

Ahora, el Gobierno central quiere acometer una "reforma integral" en palabras del propio Rajoy, que está siendo negociada con los agentes sociales desde hace más de medio año, pero aún no se ha alcanzado un acuerdo. El Ejecutivo había afirmado públicamente que de no haber pacto, legislaría para remodelar el sistema.

Pero antes de hacerlo, de momento, ha introducido algunos de los cambios fundamentales que distinguirán al futuro modelo en la convocatoria de los planes de formación. Los agentes sociales, a pesar de haber rechazado la propuesta de reforma de Empleo, han aceptado esos cambios como mal menor ante la amenaza de que la convocatoria de los planes de formación de este año no saliese adelante.

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