Se espera que la pobreza infantil en los países de ingresos altos se mantenga por encima de los niveles previos a la pandemia de COVID-19 durante más de cinco años. Según un nuevo informe de UNICEF, solo el 2% de la ayuda financiera proporcionada por los gobiernos de los países de la OCDE y la UE se destinó específicamente a apoyar a los niños y las familias con niños durante la primera oleada de la pandemia.
Supporting Families and Children Beyond COVID-19: Social Protection in High Income Countries (Apoyar a las familias y los niños más allá de la COVID-19: la protección social en los países de ingresos altos) –realizado por la Oficina de Investigación de UNICEF-Innocenti- analiza cómo es probable que el impacto social y económico de la pandemia afecte a los niños; las respuestas iniciales de los gobiernos a la crisis; y cómo podrían optimizarse las políticas públicas futuras para apoyar mejor a los niños.
“La cantidad de ayuda financiera asignada directamente a niños y familias no coincide con las severas consecuencias de la pandemia, ni con el tiempo que se espera que dure la crisis en estos países”, asegura Gunilla Olsson, directora de la Oficina de Investigación de UNICEF-Innocenti.
En el caso de España, la tasa de pobreza infantil es del 27,4%, con cifras similares a las de hace diez años. Para reducirla es necesaria una inversión mayor y más eficiente, y si bien los Presupuestos Generales del Estado 2021 reflejan un incremento aproximado del 24,7 % del gasto estricto en infancia (según la metodología empleada por este estudio, la organización pide que no desaparezca la prestación por hijo a cargo, al ser esta la medida más eficaz para reducir la pobreza infantil. Además, UNICEF España recuerda que deben llevarse a cabo las necesarias reformas del sistema fiscal enfocadas a impactar positivamente en las familias pobres.
Entre febrero y julio de este año, los países de ingresos altos han invertido una cantidad histórica de 10,8 billones de dólares en sus respuestas a la COVID-19; alrededor del 90% de esa cantidad se gastó, según el informe, en paquetes de estímulo fiscal dirigidos a empresas o a través de ellas. Aunque es una parte esencial de la respuesta a la crisis, el apoyo a las empresas excluirá inevitablemente a los niños y familias más marginados, que serán los más golpeados. “A medida que la segunda ola de la COVID-19 se fortalece, se debe buscar un equilibrio mejor”, asegura Olsson.
Alrededor de un tercio de los países de la OCDE y la UE incluidos en el informe no implementaron ninguna política destinada específicamente a apoyar a la infancia durante su respuesta a la primera oleada de la pandemia. Entre los países que invirtieron en intervenciones de protección social para los niños y familias –incluidas la atención infantil, alimentación escolar y subsidios familiares- la mayoría de ellas duraron solo una media de tres meses. La naturaleza cortoplacista de este enfoque es completamente inadecuada para abordar la duración estimada de la crisis y los riesgos de la pobreza infantil a largo plazo, según el informe.
“Instamos a los gobiernos a aumentar la protección social para la infancia, junto con el apoyo empresarial”, explica Olsson. “Unas políticas más sólidas enfocadas en la familia deben incluir una combinación de prestaciones económicas incondicionales para las familias más pobres, ayudas para alimentos, cuidado infantil y servicios, y exención de alquileres o hipotecas a largo plazo para sentar unas bases más sólidas y que todos los niños y sus familias puedan recuperarse de esta crisis”.
El informe ofrece algunas propuestas para encontrar un mejor equilibrio a la hora de abordar tanto las necesidades de las familias con hijos como el apoyo a las empresas, incluyendo estrategias para proteger a los niños y familias de unas consecuencias más graves tras la segunda oleada de COVID-19, como reequilibrar los estímulos fiscales actuales para permitir el aumento del gasto en protección social, en línea con la evidencia de qué funciona para proteger a la infancia durante las crisis o relajar los criterios de elegibilidad de las políticas familiares existentes, incluyendo las condiciones de empleo.