El paro y la corrupción son, según la última encuesta del CIS, las dos principales preocupaciones de los españoles. Problemas, que por su vertiente económica están más relacionados que de lo que parece en un principio.
El brote de buenas noticias macroeconómicas y optimismo de los mercados no puede enmascarar que los principales retos de Rajoy pasan por: mejorar el paro, recuperar el crédito y enfrentarse a los escándalos de corrupción de su propio partido como ‘caso Bárcenas’ y ‘Gürtel’. Pero el PP no es el único con problemas de corrupción, no hay que olvidar el caso de los ‘ERE’ o las imputaciones a exdirectivos de Bankia en la Audiencia Nacional o el caso »Urdangarin».
La última memoria anual de la Fiscalía, de hecho, señalaba en el mes de septiembre, el “aumento notable” de delitos cometidos por administradores de empresas, entidades financieras o fundaciones. La Fiscalía subraya la incidencia de la crisis en esa “tendencia”.
Nuestro país ocupa el puesto 40 de entre 170 países, en el Índice de Transparencia Internacional de 2013. Muy por delante se encuentran otras naciones europeas como: Dinamarca (1), Finlandia (2), Suecia (3), Noruega (4) Suiza (7), Holanda (8) Luxemburgo (11), Reino Unido (14), Bélgica (15), Irlanda (21), Francia (22).
Y es que según una investigación de la Universidad de las Palmas, la corrupción, supone un coste anual de 40.000 millones para España. Es otro ‘rescate’ bancario.
Derroche del dinero público y más economía sumergida, los principales males económicos que provoca la corrupción.
Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional, señala que los costes más importantes de la corrupción son de oportunidad porque ahuyentan a potenciales inversores. Estima que cada vez más fondos de inversión y empresas eluden países con cualquier indicio de corrupción.
Juan Ignacio Bartolomé, fundador de Economistas Frente a la Crisis, enumera también algunas repercusiones:
-Incrementa el coste de los proyectos públicos.
-Condiciona procesos de privatización.
-Desalienta al contribuyente.
-Deteriora la imagen de España en el exterior: reduce capacidad negociadora en foros internacionales, desanima a inversores potenciales y “trastoca la confianza de los mercados”.
Lezcano, que considera que todavía hay mucha laxitud social con respecto a la corrupción, incide que la mejor forma de atajarlo es impulsando la transparencia.