El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará el próximo jueves el decreto ley que permite a los ayuntamientos reinvertir su superávit de 2017 a través de inversiones financieramente sostenibles (IFS).
La Cámara Baja debatirá a partir de las 9.00 horas del jueves el decreto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de marzo por el que, una vez convalidado, se permitirá a las corporaciones locales que tuvieron superávit en 2017 y que cumplen con el periodo de pago a proveedores realizar inversiones financieramente sostenibles.
Según el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el conjunto de corporaciones locales cerraron 2017 con un superávit del 0,59% del PIB, de más de 6.800 millones de euros.
Concretamente, el decreto prorrogará, a partir de su publicación en el BOE, “la medida de flexibilidad en el destino del superávit” que se introdujo en 2014 para permitir a las corporaciones locales destinar su remanente a inversiones en lugar de a la reducción de su deuda, tal y como establecía inicialmente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) en 2012. Esta medida ya fue prorrogada en 2015 mediante una disposición adicional y en 2016 y 2017 a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En esta ocasión, la autorización para estas inversiones se produce vía decreto siguiendo la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante el retraso en la aprobación de los PGE de 2018.
De esta forma, se permitirá a los ayuntamientos con superávit empezar a trabajar en estas inversiones sin tener que esperar a la aprobación de los Presupuestos. En este sentido, la FEMP pedía al Gobierno la aprobación de este decreto antes de finalizar el mes de marzo para tener tiempo suficiente para decidir, licitar, contratar y ejecutar las inversiones antes de la celebración de las próximas elecciones municipales y autonómicas, que tendrán lugar el 9 de junio de 2019.
El decreto, además, amplía, como venía pidiendo la FEMP, los capítulos que caben dentro del concepto de inversiones financieramente sostenibles. Así, permitirá a los ayuntamientos gastar su superávit de 2017 en nuevas categorías relativas a seguridad y orden público, protección civil, servicios de extinción y prevención de incendios, asistencia social primaria, creación y mantenimiento de centros docentes de enseñanza infantil, primaria y especial, bibliotecas y archivos, e inversiones en equipamientos culturales, museos e instalaciones deportivas.