«Yo estoy a favor de la propiedad intelectual, pero dentro de mi propio partido hay personas que no lo comprenden con las que tengo una tensión política de tira y afloja», ha admitido Torres Mora durante la celebración este viernes en el Congreso de una jornada sobre »La propiedad intelectual en el siglo XXI», organizada por ADEPI (Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual).
El diputado socialista ha recalcado que tiene compañeros en el PSOE que están «seducidos por una utopía tecnológica que es una distopía social». «Pero yo defiendo la propiedad intelectual porque lo contrario le quita el medio de subsistencia a los creadores, que entonces no serían libres», ha agregado.
Torres Mora ha asegurado que la de la propiedad intelectual es una «batalla interminable» que el anteproyecto de ley del Gobierno «tampoco va a terminar», puesto que se debe a un «conflicto de intereses abierto entre sectores muy poderosos».
Para Torres Mora, la batalla en torno a la propiedad intelectual se debe «al poder y el dinero», a pesar de lo cual ha mostrado más confianza en «lo que salga del Consejo de Estado que en lo que salga de las luces de deliberación del Congreso».
«Porque ya hemos visto que esas luces iluminan poco», ha lamentado, para después sentenciar que «lo primero es resolver el problema de los derechos que no están siendo remunerados, y hay que hacerlo ya».
PP: MEJORA LA PROTECCIÓN
Por su parte, el diputado del PP en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, Juan de Dios Ruano, ha asegurado este viernes que Gobierno pretende que el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual tiene un triple objetivo.
Por un lado, «reforzar los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual asegurando más transparencia y eficacia»; por otro, «mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital»; y en tercer lugar «revisar el concepto legal de copia privada atendiendo a los progresos de la sociedad de la información».
Además ha respondido a las críticas de todos los grupos por la escasa participación de otros actores en el proyecto de Ley. «El texto ha pasado por las Comunidades Autónomas, se ha dado audiencia a los ciudadanos, tiene informes de la Comisión Nacional de la Competencia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ahora está sujeto al informe preceptivo del Consejo de Estado, antes de pasar al Consejo de Ministros, y después al Congreso», ha explicado, por lo que piensa que su elaboración ha sido «muy participativa».
CIU: SE NECESITA UN DEBATE A FONDO
Desde CiU, Montserrat Surroca ha coincidido en la necesidad de «proteger la propiedad intelectual como forma de garantizar la pluralidad cultural». Eso sí, ha reclamado un «debate profundo» que no se dedique a «poner parches», y ha resaltado que es «deseable la tramitación de una reforma pausada y con un amplio acuerdo».
«Internet tendría que ofrecer un marco de negocio seguro, con la garantía de que serán respetados los derechos de autor, y para eso es necesaria una ley de Propiedad Intelectual clara y concisa, con una regulación paralela en el Código Penal», ha planteado, al tiempo que ha destacado que «la fórmula de compensación por copia privada a través de los PGE no es la adecuada».
Por último, Chesús Yuste, de Izquierda Plural, ha indicado que «las industrias culturales tienen que replantear su negocio porque se han quedado obsoletas». Además, ha asegurado que el anteproyecto de ley del Gobierno «pone en peligro la función social y el carácter cooperativo de las entidades de gestión». «Lassalle trae una ley de disenso, aunque ha logrado poner a todos de acuerdo en su contra», ha finalizado.
A primera hora de este viernes, el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual, Antonio Guisasola, había asegurado en la apertura de la jornada que el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual es «técnicamente defectuoso, recorta objetivamente derechos -a los creadores-, puede entorpecer la actividad de las entidades de gestión» y aleja a España de los países de su entorno en la Unión Europea al «regular la compensación por copia privada reduciéndola a su mínima expresión».