Las estancias de los juzgados repletas de tomos y tomos de carpetas, de casos que duran años o macroprocesos como el de las Tarjetas Black que implican a 64 acusados con sus respectivos abogados: escritos, peticiones, pruebas periciales, declaraciones, recursos y apelaciones. Esta es la imagen de la Justicia en España. Por el momento. Y parece que así seguirá.
El objetivo »papel cero» era el proyecto estrella de digitalización de la Justicia del ministro Rafael Catalá. Pero su desarrollo está siendo más complejo de lo que se pensaba. La implantación del sistema de comunicaciones LexNET ha aumentado hasta un 60% el gasto de papel para la Administración y los abogados se quejan de que solo pueden subir documentos de hasta 10 megas, algo insuficiente para la mayoría de sumarios. Además, la implantación en las comunidades es desigual por el reparto de competencias.
La ley de digitalización de la Justicia empezó a obligar el 1 de enero de 2016 a todos los juzgados, abogados y procuradores a que utilizasen LexNET, una especie de correo-electrónico ultra seguro, para todas las comunicaciones sobre juicios o procedimientos judiciales. Este 2017 la obligación se extiende a la policía, los hospitales, la guardia civil, etc.
Es lo que el Ministerio de Justicia ha querido llamar la Justicia con »papel cero», pero en realidad es una quimera. Fuentes jurídicas explican a Teinteresa.es que por el momento es imposible que se consiga prescindir completamente del papel en los juzgados ya que pese a que todas las comunicaciones de casos nuevos se realizan a través de LexNET, al llegar a destino se imprimen para poder adjuntarse a los expedientes judiciales que siguen siendo en papel.
Aumenta el gasto en papel
«Desde que se empezó con la campaña de papel cero, de hecho, se ha incrementado un 60% el gasto de papel», explica esa misma fuente jurídica que asegura que los juzgados siguen teniendo que imprimir los documentos, hacer copias y adjuntarlos a las carpetas para que sean legales. Este gasto depende ahora del juzgado cuando antes los imprimían las partes para llevarlos al registro.
«El expediente electrónico está implantado en muy poquitos sitios», explica a Teinteresa.es Carmen Pérez Andújar, Vicesecretaria de Medios Materiales y Tecnológicos del Consejo General de la Abogacía. «Es un proyecto faraónico«, dice Pérez Andújar, que asegura que el hecho de que las Comunidades Autónomas tengan las competencias en materia de justicia traspasadas también ralentiza la implantación del expediente electrónico.
Diferencias entre comunidades
Desde el Ministerio de Justicia aseguran que la tramitación electrónica funciona ya en 26 partidos judiciales de su territorio de influencia. Sin embargo, su competencia se limita a Murcia, Baleares, Castilla La-Mancha, Castilla y León y Extremadura. El resto de comunidades tiene sus propios sistemas electrónicos y los casos más voluminosos a nivel estatal, los que se tramitan en los órganos superiores, todavía se llevan en papel. «A partir de 2017, el expediente judicial electrónico llegará a todos los partidos judiciales pequeños, al Tribunal Supremo (Salas III y IV) y a los Juzgados Centrales de Instrucción y la Sala Penal de la Audiencia Nacional», aseguran desde Justicia.
Algunos lugares como Cantabria y Navarra, que no dependen del Ministerio, tienen ya implantado en sus juzgados sus propios sistemas de digitales para los casos nuevos.
A todo esto hay que sumarle que cada comunidad tiene su propio sistema de gestión procesal, como explica Pérez Andujar. «En Madrid tenemos dos», dice. Sin embargo, su valoración global es positiva. «Es un cambio que implica a mucha gente y necesita una educación, unos medios materiales como tarjetas e identificadores y una inversión económica», explica, «el Ministerio está haciendo este esfuerzo y todos los agentes jurídicos estamos implicados».
Desde el Ministerio, aseguran a Teinteresa.es que «el sistema de Justicia digital representa un gran salto tecnológico» y ponen en valor que en el último año «se ha progresado en la consecución de un expediente judicial electrónico».
Las limitaciones de LexNet
Pero las diferencias entre comunidades no son lo único que lastra el proyecto del ministro Rafael Catalá, que hace un año aseguraba que 2016 sería el año del »papel cero» en la Administración de Justicia. La financiación y los medios tecnológicos son los principales escollos del sistema.
La plataforma LexNET para las comunicaciones judiciales creada por el Ministerio se utiliza, según sus datos, al 100% en nueve comunidades autónomas, otras cuatro tienen sus propios medios. Y pese a que después haya que imprimirlo, esto ya supone una mejora para los profesionales de la Justicia que evitan desplazarse al juzgado cada vez que tengan que presentar un escrito.
Sin embargo, las quejas de los letrados y procuradores se centran en la poca capacidad del sistema, que solo permite enviar documentos de hasta 10 megas. Si el documento es más grande, como suelen serlo gran parte de los informes y declaraciones, es necesario entregarlo en papel en el juzgado.
Además, la intención del proyecto era conseguir implicar a todos los agentes sociales. Es decir, posibilitar que los cuerpos de seguridad del estado o los hospitales puedan enviar los partes de lesiones o las investigaciones a través de LexNET. Sin embargo, es necesario dar formación y dotar de medios materiales a todos antes de implantarlo, como tarjetas de identidad y lectores.
¿Y los casos antiguos qué?
Lo que no desaparecerá nunca son las imágenes de expedientes antiguos apilados en los sótanos de los juzgados. El plan de digitalización solamente se aplica a los casos nuevos, los que empezaron a partir del 1 de 2016, los anteriores seguirán acumulando polvo, pues su informatización es inviable.
Fuentes jurídicas explican a Teinteresa.es que hace unos años hubo un proyecto para digitalizar determinados expedientes en la Audiencia Nacional. Sin embargo, se terminó desistiendo de la tarea ya que resultaba infructuosa. El escaneo de los millones de tomos de los casos era costoso en tiempo y dinero, pero además se hacia en PDF, lo que hace imposible consultar por palabras los documentos.
Los ciudadanos también lo usarán
La implicación de los ciudadanos en el sistema también está fuera de cuestión en el corto y medio plazo. Pese a que el plan establece que los trámites de los ciudadanos con la administración de Justicia que no requieran abogado o procurador podrán hacerse a través de LexNET, lo cierto es que por el momento no se plantea. Para conseguir este objetivo sería necesario un lector del DNI electrónico o un sistema de usuarios similar al que se utiliza con la Agencia Tributaria. «Si ya es difícil que lo hagamos los profesionales de la justicia, pedírselo a los ciudadanos es imposible», explican fuentes jurídicas.
Tiempo al tiempo. 2017 ya ha empezado y este es el momento en el que la digitalización de la Justicia debe despuntar, aseguran los expertos, para que dentro de unos años podamos decir que disponemos de un sistema más eficaz y rápido.