Martes 10/10/2017.

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las feministas dicen que los derechos sexuales no están garantizados en España

Los derechos sexuales y reproductivos no están garantizados, en la práctica, para todas las mujeres por la ausencia de normativa, por las limitaciones de la legislación existente, por su aplicación restrictiva, por falta de recursos o por obstáculos sociales, según la Coordinadora estatal feminista.
  • las feministas dicen que los derechos sexuales no están garantizados en España EFE

Los derechos sexuales y reproductivos no están garantizados, en la práctica, para todas las mujeres por la ausencia de normativa, por las limitaciones de la legislación existente, por su aplicación restrictiva, por falta de recursos o por obstáculos sociales, según la Coordinadora estatal feminista.

Esta entidad, que agrupa a organizaciones de varias comunidades autónomas, ha realizado un estudio sobre los derechos sexuales y reproductivos para aportar información actualizada y cercana a las prácticas habituales.

El análisis aborda seis áreas temáticas: la educación sexual, la anticoncepción y la interrupción voluntaria del embarazo, la reproducción asistida, la violencia sexual, las identidades no normativas y la respuesta del sistema sanitario a la salud sexual y reproductiva.

La Coordinadora presentará a los distintos grupos parlamentarios un conjunto de propuestas con el objetivo de lograr el reconocimiento real de los derechos sexuales y reproductivos en esta legislatura.

El informe pone de manifiesto que en la atención a la salud sexual y reproductiva, existe "una gran disparidad" entre las distintas comunidades autónomas y entre los centros sanitarios de una misma ciudad, lo que genera "la exclusión de algunos colectivos".

La salud sexual y reproductiva es un derecho universal, que se debe garantizar en todas las comunidades autónomas en condiciones de igualdad para todas las mujeres, subraya la entidad.

Reivindica una revisión de la ley de violencia de género del año 2004 con el fin de incluir las agresiones sexuales y la trata con fines de explotación sexual, además de garantizar la asistencia y reparación de todas las mujeres que lo requieren independientemente de su situación administrativa, sin que la denuncia sea un requisito previo para acceder a los recursos.

El informe destaca la ausencia de la educación sexual en la ley educativa vigente y pide que se garantice este derecho en un currículum obligatorio en los distintos niveles educativos.

También resalta la falta de financiación de numerosos métodos anticonceptivos, al tiempo que reclama su incorporación a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Otra de sus exigencias es que la interrupción voluntaria del embarazo sea una prestación normalizada en el Sistema Nacional de Salud para todas las mujeres, a la vez que pide la derogación de la reforma de la ley del aborto que impide a las menores de 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres.

Igualmente, aboga por garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida en el sistema sanitario público, para todas las mujeres, revisando las normas que no toman en cuenta a las parejas de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTBI).

La Coordinadora señala asimismo los importantes problemas que plantean las leyes autonómicas de transexualidad como consecuencia de la falta de formación de profesionales o la ausencia de dotación de los centros de proximidad.

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