Jueves 14/12/2017.

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Los denunciantes de Mas: la fianza puede aumentar al encontrar el Tribunal de Cuentas gastos del 9N con cargo al Estado

Los abogados de Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes han apuntado que la fianza de 5,25 millones de euros impuesta este lunes por el Tribunal de Cuentas al expresidente de la Generalitat Artur Mas por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 pueden incrementar al encontrarse nuevos gastos en la consulta que proceden de las arcas del Estado.

Manuel Miró y Manuel Zunón, abogados de las asociaciones que interpusieron la denuncia contra estas nueve personas --más otros dos interventores que este lunes han sido eximidos de cualquier responsabilidad--, han explicado a los medios de comunicación tras finalizar el trámite de comunicación de las fianzas que recientemente la instructora del Tribunal de Cuentas María Llanos Castellanos ha detectado "algunos gastos relacionados con el 9-N procedentes de partidas estatales".

En este sentido, han precisado que en el acta de liquidación provisional que se ha notificado este lunes, donde se especifica la cantidad reclamada y se indica que la fase de instrucción ha concluido, se incluye estos nuevos datos encontrados tras requerir a la Generalitat información relativa a la consulta ilegal.

Asimismo, han añadido que no existe perjuicio alguno para que la fianza de 5,25 millones de euros impuesta al expresidente de la Generalitat se incremente como "liquidación complementaria".

PARTIDA "MUY PEQUEÑA"

Además, han indicado que se trata de una partida "muy pequeña" que está "localizada" y "cuantificada" y que la Abogacía del Estado deberá personarse en este procedimiento ya que la Administración central se encuentra "afectada".

El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza solidaria de 5,25 millones de euros al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a su vicepresidenta Joana Ortega, al exconsejero de Presidencia Francesc Homs y a la exconsejera de Educación Irene Rigau, así como a cinco ex altos cargos del gobierno catalán por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

El Tribunal de Cuentas considera al expresidente de la Generalitat el máximo responsable del coste del 9-N y le obliga a responder de forma solidaria con hasta 5.251.948,17 euros, que es el importe total de todas las fianzas fijadas. Es decir, Mas tendrá que hacer frente a aquella parte que sus subordinados no hayan podido afianzar.

Los 5,25 millones de euros responden a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la celebración de la consulta hasta el momento, que suponen alrededor de 400.000 euros

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