Los exconsellers del Govern Jordi Turull y Josep Rull, y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez, todos diputados de JxCat en el Parlament, han presentado un recurso de apelación contra la confirmación del auto de procesamiento del magistrado instructor de la causa del Tribunal Supremo por el proceso soberanista, Pablo Llarena, rechazando la rebelión porque no hubo violencia en ningún momento y resaltando la «debilidad» de las acusaciones.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de los tres diputados, Jordi Pina, considera que Llarena, «consciente de la debilidad de la anterior calificación» –tal y como considera también el tribunal de Schleswig-Holstein que debe decidir sobre la extradición de Carles Puigdemont–, ahora apunta inesperadamente a sedición o conspiración a la rebelión en su último auto.
Descartan que los tres incurrieran en un delito de rebelión porque la violencia en el proceso soberanista «brilla por su ausencia», ya que lo único que pretendían los ciudadanos movilizados era poder emitir su voto el 1-O.
«El delito de rebelión exige que la proclamación de independencia sea el propósito de quienes se alzan violentamente, lo que impide aplicar este tipo a quienes simplemente piden votar», alega Pina, puntualizando que ese día fueron a votar personas a favor y en contra de la independencia.
Asimismo, en el recurso hacen hincapié en que, después de la jornada, no se persistió en conductas supuestamente violentas: «Curiosa rebelión la que se ejerce sin esgrimir una sola arma y marchando los rebeldes pacíficamente a dormir a su casa al final de la jornada».
Sobre las concentraciones en la sede de la Conselleria de Vicepresidencia y Economía el 20 de septiembre, consideran que cualquier analogía con el golpe de Estado del 23F «resulta sencillamente inaceptable».
«Si el propósito de las decenas de miles de personas concentradas hubiera sido realmente el de alzarse o sublevarse violentamente, la sede oficial habría quedado sencillamente arrasada», sentencian.