El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha abogado por la interpretación «lo más flexible posible de la Constitución», aunque ha precisado que sabe que «no es un chicle elástico», porque la renegociación del pacto social «es muy costoso».
Sobre una posible modificación constitucional para que el Fiscal General sea elegido por el Parlamento, ha considerado que sería «estupendo», si se considera «que es mejor», siempre que el nombramiento no responda a «unas componendas dentro de un pacto político de las alecciones correspondientes y se vaya al reparto de cuotas correspondientes». En su opinión, «cualquier sistema es bueno, si se piensa que se avanza en la credibilidad» de esta figura.
En una conferencia celebrada en el Palacio de Justicia de Bilbao con motivo del XXV aniversario del TSJPV bajo el título »La Justicia en la cultura política de la democracia», Torres-Dulce se ha referido al debate sobre la reforma constitucional y ha indicado que la Carta Magna, como las leyes, «debe permitir una interpretación lo más flexible», aunque ha considerado que tampoco es «una especie de chicle elástico».
Según ha asegurado, tampoco cree en el concepto de que esté «grabada a fuego sagrado en unas tablas que solo la ira de Moisés tirará al suelo y romperá desesperado».
Además, ha criticado «la degradación notable de la legalidad y el ordenamiento jurídico» que se produce en España, «por no hablar del torrente de reales decretos leyes» al que se recurre. «Vamos a aparecer en el libro Guinness de los record por legislación galáctica», ha añadido.
El Fiscal General del Estado ha señalado que la Constitución es «la culminación de un pacto social y debe ser interpretada lo más flexiblemente posible para no tener que llegar a una renegociación del pacto social que siempre es muy costoso». En este sentido, ha recordado «las dificultades» que se vivieron en la transición «y lo difícil que resultó».
Eduardo Torres-Dulce se ha mostrado partidario de reformar la Carta Magna «cuando sea necesario», cuando esa interpretación flexible por la que aboga «se hace ya imposible».
«Pero siempre sobre la base de que vamos a reformar la Constitución para hacer una norma para todos y no volver al siglo XIX, donde se hacía una Constitución de moderados, una de progresistas, una de demócratas y otra de republicanos. Creo que ésa es la enseñanza de la Constitución de 1978 y, en ese estilo, todo lo que signifique dotar de credibilidad a las instituciones en cuanto a percepción de la sociedad es ciertamente importante», ha manifestado.
NOMBRAMIENTO DEL FISCAL GENERAL
Preguntado por su opinión sobre la posibilidad de que se aborde una reforma constitucional para que el Parlamento nombre al Fiscal General del Estado, ha respondido que, «si se piensa que sería mejor, estupendamente, siempre que el Parlamento, al final, no haga unas componendas dentro de un pacto político de las elecciones correspondientes y se vaya al reparto de cuotas correspondientes». «Lo importante es el marco en el que se hace y la credibilidad con la que se hace», ha apuntado.
A su juicio, «cualquier sistema es bueno, si una vez que se produce con transparencia el nombramiento, se aceptan las responsabilidades inherentes». Por ello, ha apuntado que no tiene «nada que oponer» a que el Fiscal General del Estado «sea, de alguna suerte, un comisionado de las Cortes, con responsabilidad ante las Cortes».
Eduardo Torres-Dulce cree «anacrónico» que se quiera que el Fiscal «dependa del Ejecutivo». «Tiene la ventaja de que, de alguna forma, lleva ante los tribunales la política criminal del Gobierno. Creo que en una sociedad moderna eso es perjudicial porque significa que la política criminal del Gobierno legítima y democráticamente puede chocar con realidades sociales o situaciones claraemnte opuestas a esa política criminal del Gobierno y, por lo tanto, que la figura del Fiscal General abarcara más allá de la política criminal del Gobierno, creo que es positivo».
Por ello, ha afirmado que «bienvenida sea una reforma constitucional» para modificar la designación del Fiscal General del Estado «si se avanza en la credibilidad de la institución».