El pacto suscrito hoy por PP y Ciudadanos incluye 16 medidas de reforma de la Justicia, entre ellas la reforma del CGPJ, la creación de juzgados contra la corrupción o el reforzamiento de las exigencias al fiscal del Estado, aunque mantiene los límites de tiempo para la instrucción judicial.
El acuerdo de investidura se compromete también a estudiar limitaciones para las «puertas giratorias» entre la Justicia y la Política.
En cuanto a la reforma del CGPJ, propone que los 12 vocales del CGPJ que son de origen judicial sean elegidos por los propios jueces.
El acuerdo se centra también en la lucha contra la violencia de género o la corrupción, pero no promete eliminar los límites que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada recientemente por el PP impone a los jueces de instrucción, la cual limita sus posibilidades de investigar.
Otras medidas de las pactadas expresan aspiraciones generales, como puede ser lograr una mayor agilidad de los tribunales o una modernización de las leyes procesales.
En concreto, las medidas del pacto que más directamente se refieren a la Justicia establecen compromisos para:
– Reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los doce de origen judicial sean elegidos por los propios magistrados.
– Realizar un seguimiento de los efectos de la limitación de plazos de instrucción introducidos por la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de tener una visión objetiva de la eficacia de la norma con carácter previo a cualquier decisión sobre su modificación para, entre otras cuestiones, asegurar que ninguna causa quedará sin ser juzgada por la limitación de dichos plazos.
– Valorar, en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia, la limitación de las «puertas giratorias» entre la política y la carrera judicial, con plazos estrictos de moratoria para el regreso a la carrera judicial.
– Mejorar la especialización de determinados juzgados en los delitos económicos, los delitos de corrupción y los delitos informáticos, junto a otras medidas contra esta lacra.
– Modernizar la Justicia dentro de una Estrategia Nacional consensuada que incluya su fortalecimiento e incremento de medios humanos y materiales.
– Mejorar la digitalización de la Justicia o la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal y reformar las leyes procesales. Junto a ello, señalan la necesidad de adaptar la Ley de Tasas a la reciente sentencia sobre ellas del Tribunal Constitucional.
– Potenciar el arbitraje y dar prioridad a la atención a menores y a víctimas. Junto a ello, promete más medios para los juzgados especializados contra la violencia de género.
– Exigir al fiscal del Estado 20 años de ejercicio y probada independencia. Así mismo, dice, «se regulará el mecanismo de reprobación por el Congreso de los diputados y su posterior cese». A ello suma que los requisitos para la promoción interna en la carrera fiscal sigan criterios de mérito y capacidad.
– Fortalecer la carrera de jueces y magistrados, asegurando el sistema de acceso mediante oposición.