En medio de una de las mayores crisis del sistema penitenciario de la historia de Brasil, que mantiene en jaque al Gobierno y a las administraciones estatales, el Ejecutivo de Michel Temer anunció hoy que las fuerzas armadas podrán realizar inspecciones rutinarias en las cárceles.
La crisis penitenciaria ha alcanzado «dimensiones nacionales» y requiere de «acciones extraordinarias», admitió hoy el presidente Temer tras participar en una reunión con órganos de seguridad e inteligencia estatales.
La presencia de las fuerzas armadas en las prisiones tendrá que ser autorizada por los gobernadores porque, salvo en el caso de las cárceles federales, los centros penitenciarios son responsabilidad de las Administraciones estatales.
Mientras el Gobierno trata de tomar el control de la crisis, los motines continúan sucediéndose en los presidios del país por la guerra abierta entre organizaciones criminales.
El último enfrentamiento se produjo hoy en la prisión de Alcacuz, en Nisia Floresta, ciudad de la región metropolitana de Natal, capital del estado de Río Grande do Norte, donde el fin de semana se registró un motín en el que murieron 26 presos.
Imágenes de presos armados con palos y barras de hierro en los tejados de la prisión, en su mayoría del grupo Sindicato del Crimen de Río Grande do Norte (SDC), desmentían a las autoridades que insistían en que tenían el «control» de la situación.
El gobernador de Rio Grande do Norte, Robinson Faria, confirmó que la matanza del fin de semana fue una venganza del Primer Comando de la Capital (PCC) después de que integrantes de la facción fueran reprimidos el pasado 1 de enero en una cárcel de la ciudad amazónica de Manaos, en la que fallecieron 56 detenidos.
En conjunto, esta guerra, que comenzó a primeros de año, se ha cobrado ya cerca de 130 muertos en enfrentamientos en distintas cárceles del norte del país y amenaza con extenderse a las calles.
Hoy mismo, las fuerzas de seguridad permanecían atentas ante el rumor de una supuesta amenaza de las bandas criminales de trasladar la violencia fuera de las cárceles.
En el fondo del problema, la lucha por el poder y el control del narcotráfico entre los principales grupos de crimen organizado del país: el Primer Comando de la Capital (PCC), con base en Sao Paulo pero con presencia en todo el país, y el Comando Vermelho (CV).
El CV es una organización nacida en 1969 en la prisión Ilha Grande (Río de Janeiro) de la mano de un grupo de presos comunes y presos políticos, aliada del grupos criminales del norte del país.
La crisis económica que afecta a algunos estados contribuye a agravar aún más la situación, como ha ocurrido en Río de Janeiro, donde agentes penitenciarios y policías civiles comenzaron hoy una huelga que se prolongará al menos hasta el próximo lunes en reclamo del pago del salario de diciembre y en protesta por las condiciones en que tienen que desarrollar su trabajo en las cárceles.
Según dirigentes del sindicato de agentes penitenciarios, en prisiones de la región metropolitana de Río, como Japeri, «los agentes son asaltados y hasta revisados» por supuestos criminales en los alrededores del penal.
«En las comisarías las impresoras están sin tinta y en el Instituto Médico Legal (IML) las cámaras frigoríficas están rotas», denunció el presidente del Sindicato de los Policías Civiles (Sindpol) de Río de Janeiro, Francisco Chao.
«Estamos llegando a lo que Colombia fue en los años 90, con una diferencia grave: allí en Colombia había un Pablo Escobar, aquí en Brasil tenemos más de 50», admitió hoy el secretario de Justicia y Ciudadanía del estado brasileño de Río Grande do Norte, Wállber Virgolino, en una gráfica descripción de la situación que vive el país.