Jueves 07/12/2017.

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Fiscalía reclama 17 años de cárcel para fundadores de asociación sin ánimo de lucro acusados de vender hachís y cannabis

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 17 años de prisión para los tres fundadores en 2015 de una asociación sin ánimo de lucro llamada 'La Raíz Cuadrada Madrid' a través de la cual se dedicaron presuntamente a la adquisición y al tráfico ilícito de cannabis y hachís.

Álvaro L.P., Ignacio A.A. y Andrés Felipe G.Z se sentarán en el banquillo de la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid por los hechos a partir de este lunes.

Según indica el representante del Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, los estatutos de la asociación establecían que tenía como finalidad que los socios fueran informados de todas las cuestiones que pudieran serles de interés relativas al cannabis desde el punto de vista médico, científico y legal.

De hecho organizaban charlas y coloquios impartidos por profesionales médicos "encaminados a la prevención de consumos abusivos" o al asesoramiento jurídico sobre procedimientos penales o administrativos que se instaran contra los socios como consecuencia del consumo o posesión de cannabis.

Lo que "en ningún caso" constituyen objeto y el fin de los estatutos, según la Fiscalía, es que "se promueva, favorezca y facilite el consumo ilegal de esa sustancia".

Para cumplir los fines recogidos en los estatutos, la asociación disponía de un espacio físico para las reuniones y actividades de sus socios lúdicos o terapéuticos de cara a la "búsqueda de formas consensuadas", siempre ajustadas a la legalidad, para el autoabastecimiento de cannabis, siempre y cuando se utilizara la planta, entre otras cosas, como medicamento o paliativos para sus dolencias diagnosticadas.

Ahora bien, en el escrito de acusación se señala que los tres encausados no comprobaban "las condiciones de adictos de los socios ni sus necesidades terapéuticas" y que, incluso, no adoptaban medidas de control para que la sustancia se difundiese fuera del local, a pesar de que "carecían de cualquier autorización administrativa para la distribución de una sustancia cuyos proveedores desconocían".

Tras tener conocimiento de que a la sede la asociación acudían numerosos jóvenes a consumir cannabis, la Policía Municipal estableció un dispositivo de vigilancia gracias al cual se pudo comprobar que "gran cantidad de personas" accedían al interior tras llamar a la puerta y que salían "sigilosamente". A trece de estos jóvenes se les incautaron tras salir del local sustancias estupefacientes como marihuana o hachís.

El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ordenó el 16 de diciembre de 2015 la entrada y registro en el local donde fueron intervenidos 170 gramos de marihuana, 202 gramos de resina de cannabis, así como 121,50 euros procedentes de la venta de dichas sustancias.

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