Lunes 05/06/2017.

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¿Realmente, en qué consisten las leyes SOPA, PIPA y SINDE?

  • Las tres leyes, tal como están planteadas actualmente, vulneran el derecho a la libertad de expresión puesto que no es un juez sino el gobierno el que decide si hay delito por plagio.
  • La ideología con la que nació internet cambiaría completamente si se aprobasen estas leyes.
  • Proveedores de contenidos y usuarios compartirían la responsabilidad a partes iguales en caso de denuncia.


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  • Más de 10.000 páginas web se suman a la protesta contra la ley antipiratería de Estados Unidos EFE

Internet en EEUU estuvo ayer de huelga por una supuesta ley injusta denominada Ley SOPA. Sin embargo, muchos ciudadanos no sabrían explicar exactamente de qué trata esta ley, por qué es juzgada como injusta y qué consecuencias tiene para la ciudadanía.

En primer lugar, la ley SOPA y la ley PIPA son prácticamente lo mismo. Proyectos de ley americanos para frenar la piratería por Internet. La ley SOPA viene de las iniciales en inglés para “Stop Online Piracy Acts” y fue un proyecto de ley introducido en 2011 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el equivalente al Congreso.

PIPA, por otro lado, son las iniciales de “Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act”. También fue un proyecto de ley pero introducido, a diferencia del anterior, en el Senado de los EEUU. Ambas leyes presentan las mismas propuestas para frenar la piratería en Internet.

LAS PROPUESTAS DE LAS LEYES

La ley SOPA fue introducida por el político republicano Lamar S.Smith con la intención de ampliar las capacidades de los propietarios de derechos intelectuales para combatir el tráfico de contenidos en Internet y productos protegidos por derechos de autor o la propiedad intelectual.

Entre los contenidos y productos que esta ley pretende proteger por derechos intelectuales, se encuentran música, películas, libros u obras artísticas en general. La ley pretende perseguir la copia o falsificación de estos productos cuando no tributen las correspondientes tasas a sus propietarios por sus derechos de autoría o invención.

Qué acciones concretas puede llevar a cabo la justicia – y los propietarios de derechos de autor. Este proyecto de ley permitiría tanto al Departamento de Justicia de los EEUU como a los propietarios de derechos intelectuales obtener órdenes judiciales contra aquellos sitios web que permitan o faciliten infringir los derechos de autor. Una vez que un sitio web haya sido denunciado, el Departamento de Justicia y los propios denunciantes podrán exigir cualquiera de estas cosas sin necesidad de que se pruebe la supuesta vulneración de los derechos de autor:

-Los sitios webs que faciliten el pago por internet, como PayPal, tendrían que congelar fondos y restringir el uso del servicio para adquirir el producto que supuestamente vulnere el derecho de propiedad intelectual.

-Restricciones en los buscadores como Google que vinculen con los sitios que vulneren los derechos de autor.

-Exigir a los proveedores de Internet que ofrezcan acceso a aquellos sitios que vulneren los derechos de autor, que lo bloqueen inmediatamente.

Además, el proyecto de ley criminaliza el streaming no autorizado de contenido protegido por copyright, previendo una pena máxima de cinco años de prisión por cada diez piezas musicales o películas descargadas dentro de los seis meses desde su estreno. Sin embargo, aquellos proveedores de Internet que lleven acabo acciones contra esos sitios de manera voluntaria disfrutarán de inmunidad. Pero en caso de vulnerar los derechos de autor, los propios proveedores serán los responsables de cualquier daño producido al titular de los derechos: sin necesidad de que esos daños se demuestren, vale con la simple acusación del autor.

CONSECUENCIAS PARA INTERNET

Como es lógico, la ley sólo regiría en EEUU, pero dado que es ahí donde se concentra la mayor parte de la infraestructura de la red, la nueva ley también afectaría al resto del mundo. Serivicos como YouTube, Google o Wikipedia se verían restringidos y, por tanto, Europa también sentiría las consecuencias de la nueva ley.

Las consecuencias, en concreto, sería una práctica de autocensura a la que estos portales se verían obligados a hacer si la ley SOPA fuera aprobada en la Cámara estadounidense. Si evitaran esta autocensura, los portales se arriesgarían a ser cerrados acusados de plagiar y vulnerar derechos intelectuales.

La aprobación de leyes como SOPA crearía efectos colaterales en el mundo de internet y cambiaría profundamente la ideología con la que nació la web: el libre intercambio de ideas entre las personas:

La anonimidad, una de las mayores ventajas de internet, sería prácticamente imposible. Esta es precisamente la intención de los gobiernos nacionales, acabar con una anonimidad que hace prácticamente imposible controlar el contenido que viaja por la red.

Los sitios que incentivan contenidos generados por los usuarios se verían en peligro. Es sumamente complicado vigilar los contenidos que se crean en este tipo de sitios para asegurar que no infringen los derechos intelectuales. Además, los proveedores y los usuarios son responsabilizados a partes iguales, así que, nadie se atrevería a ser propietario de un proveedor de este tipo.

Todas las comunicaciones serían espiadas oficialmente para poder determinar si se incumple o no la ley. De este modo, se vulneraría absolutamente el derecho a la intimidad de las personas.

Otra herramienta básica de internet que se vería afectada sería la acción de enlazar. Por miedo a facilitar el acceso a un sitio sospechoso o que pudiera ser considerado sospechoso en el futuro, los autores de las webs no se atreverían a enlazar a ningún sitio.

SIMILITUDES CON LA LEY SINDE

La Ley Sinde es muy similar a la ley que ahora el lobby del copyright intenta pasar en el Congreso estadounidense. Salvo algunas diferencias, también la ley Sinde pretende crear una especie de lista negra de páginas webs que se considere que vulneran los derechos de propiedad intelectual.
El problema de ambas leyes es que, aunque un juez efectivamente intervenga en varios puntos del proceso de actuación, la denuncia y el propio hecho de determinar si hay delito se hace por una vía administrativa (es decir, un organismo del gobierno) y no por la vía judicial.

La ley SINDE, la SOPA y la PIPA vulneran todas ellas uno de los principios básicos de toda Democracia: la separación de poderes en el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Además, puesto que los gobiernos tendrían la última palabra en la decisión de si ha habido o no un delito, se estaría vulnerando un derecho que no sólo aparece en todas las constituciones de los países democráticos, sino en la propia carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: la libertad de expresión.

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