Un tercer ataque atribuido hoy al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) elevó a siete el número de muertos desde la asunción del nuevo Gobierno en agosto en Paraguay, pese al despliegue del Ejército en apoyo de las fuerzas policiales.
Un comisario de policía murió el miércoles de un tiro en la nuca durante el ataque de cuatro supuestos miembros del EPP contra tres patrulleras que fueron emboscadas en un camino rural del departamento norteño de Concepción.
En declaraciones a Efe, el ministro de Interior, Francisco de Vargas, lamentó este tercer asalto atribuido al EPP desde que Horacio Cartes asumió la presidencia del país, el 15 de agosto, y aseguró que el Estado aumentará aún más la presencia policial y militar en las «zonas de influencia» del grupo armado.
«Este es un problema social que ya está reconocido y que compromete la acción integral del Estado», dijo De Vargas sobre el ataque, en el que dos suboficiales resultaron heridos.
Según el relato de la Policía, los vehículos fueron emboscados por cuatro hombres con armas automáticas que habían colocado explosivos en un camino rural cercano a la ciudad de Horqueta, situada a unos 400 kilómetros al norte de Asunción.
El hecho ocurrió en uno de los tres departamentos del centro y nordeste del país donde el Gobierno asegura que el EPP, al que atribuye 32 muertes en distintos ataques desde 2005, tiene sus «zonas de influencia».
El primer supuesto ataque del EPP tras la toma de posesión de Cartes ocurrió el 17 de agosto y en él fallecieron cinco guardas de seguridad de una hacienda ganadera brasileña en Tacuatí, en la frontera del departamento de San Pedro (centro) con el de Concepción, uno de ellos un policía en activo fuera de servicio.
A los pocos días, el Gobierno logró que se aprobaran enmiendas a la Ley de Defensa Nacional para enviar de inmediato fuerzas militares a la zona donde presuntamente actúa el grupo armado, en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, fronterizo con Brasil.
El pasado 1 de octubre, otro oficial de policía murió también en Tacuatí en el ataque a una comitiva del Ministerio del Interior en misión de capacitación policial en derechos humanos.
El Ejército paraguayo mantiene desplegados unos 300 militares desde la segunda quincena de agosto, encargados de controles y operaciones de inteligencia para prevenir nuevos ataques.
De Vargas justificó la ausencia de detenidos tras los últimos tres ataques por la «solidaridad, afinidad ideológica y temor de la población» hacia el EPP.
«Es una de las fortalezas de esta organización criminal y terrorista: mimetizarse con la población, lo que dificulta para nosotros determinar quiénes son los miembros, amén de los que ya están identificados», argumentó.
El ministro puso en duda la credibilidad de un folleto aparecido frente a la sede del Banco Nacional de Fomento de Concepción, en el que supuestamente el EPP se atribuye el último ataque, al considerar que «no utiliza los términos clásicos» del grupo y por «estar muy desordenado y con faltas de ortografía».
De Vargas, extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), aseguró que el EPP tiene similitudes con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) porque, según cree el Gobierno, se financia con la producción y el tráfico de marihuana.
«No tenemos información concreta pero han recibido formación de las FARC. En conversaciones hemos rotulado a este grupo como terrorista, estamos recibiendo asesoramiento extranjero de países que históricamente han colaborado con nosotros, aunque no puedo ser específico en ese área», añadió el ministro de Interior.
El Gobierno ofrece desde septiembre pasado unos 16.000 euros a quien colabore con la investigación para la detención de ocho supuestos integrantes del EPP.