Jueves 14/11/2019.

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La plataforma ciudadana Xnet lleva al Congreso una ley para proteger a los alertadores anónimos de corrupción

El texto, que incorpora una legislativa europea, garantiza el anonimato de las denuncias y protege también a periodistas

La plataforma ciudadana Xnet ha llevado al Congreso, a través de ERC y Compromís, una proposición de ley de protección integral de los alertadores de corrupción que busca mejorar la directiva que se aprobó el pasado mes de abril en el Parlamento Europeo y que propone, entre otras cosas, garantizar el anonimato de las denuncias y proteger a quienes avisan de malas prácticas y también a los medios de comunicación que destapen irregularidades.

En concreto, el objetivo de la norma es contribuir a consolidar los sistemas de control y alerta sobre irregularidades en el ámbito público y privado, ofreciendo en ambos sectores una protección integral a los alertadores de informaciones que revelen irregularidades y acciones y omisiones dolosas o imprudentes susceptibles de causar daños y amenazas al interés general.

Simona Ley, fundadora de Xnet, plataforma que impulsó el 15MpaRato que llevó al exvicepresidente del Gobierno ante los tribunales, ha explicado que la iniciativa persigue incorporar la legislación española la figura del alertador (whistleblower) que está presente en las leyes anglosajonas desde 1776.

Levy ha diferenciado entre esta figura y la del denunciante, que sí existe en la legislación española. El denunciante es la figura física o jurídica que denuncia a otra dando su nombre, mientras que el alertador es quien pone una presunta irregularidad en conocimiento de las instituciones que son las que, de oficio, deben investigar los presuntos delitos contra el interés general.

PROHIBIR REPRESALIAS

La proposición de ley, que en vez de promoverse como Iniciativa Legislativa Popular (ILP) será tramitada por diputados de ERC y de Compromís, establece que los alertadores podrán actuar de forma anónima. Para ello prevé la instalación de buzones telemáticos que deberán garantizar un anonimato real con la posibilidad de afrontar sanciones si se demuestra que no es así.

Además, recoge instrumentos para proteger a los alertadores ante posibles represalias laborales o de otra índole, facilitándoles asistencia jurídica y psicológica.

Sobre los perjuicios de denunciar malas prácticas han versado las intervenciones del teniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura, expulsado por denunciar corrupción, abusos y privilegios en el Ejército; del secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo; y del presidente a la Plataforma por la Honestidad, Julio Martínez.

DOS AÑOS PARA LA TRASPOSICIÓN

Segura ha relatado que él está teniendo que hacer frente a múltiples denuncias por su actuación, incluidas del Ministerio de Defensa, que buscan "asfixiarle" económicamente. A su juicio, es preciso tener ayuda psicológica para dar el paso de denunciar a personas que son tus compañeros de trabajo, a la vez que ha incidido en las dificultades para volver a ser contratado tras haber denunciado posibles delitos.

También se ha quejado de la falta de voluntad política que, a su juicio, han demostrado PP, PSOE y Ciudadanos, en este tema y que ha contrastado con el apoyo que han encontrado por parte de Podemos, Compromís, ERC y EH Bildu.

De su lado, Pam Bartlett Quintanilla, asesora del grupo de los Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo e impulsora de la directiva europea, ha destacado que el texto salió adelante en Bruselas con un amplio consenso y que, con indepedencia de la actitud de los partidos nacionales, la ley comunitaria se tendrá que trasponer en un plazo máximo de dos años.

NO PAGAR A QUIENES AVISEN

La iniciativa también incluye medidas de protección para los denominados "facilitadores" las plataformas ciudadanas, ONG o medios de comunicación que destapen casos de corrupción y la creación de un organismo autónomo para proteger a los alertadores similar al que ya funciona en la Comunidad Valenciana.

Desde Gestha, su secretario general ha aprovechado para dejar clara su oposición a que se premie económicamente a las personas que alerten sobre malas prácticas como propone Vox, que quiere que los denunciantes obtengan el 10% del dinero que se recupere. Para Mollinero, pagar a los alertadores ha dado lugar en ocasiones a casos de extorsión a posibles denunciados para evitar las denuncias.

Por último, Levy ha destacado que su proposición de ley se registró antes que la de Vox y ha mostrado su deseo de que corra mejor suerte que la que presentó Ciudadanos en la anterior legislatura. Esa norma arrancó su tramitación y los grupos llegaron a plantear sus enmiendas pero después estuvo casi año y medio varada en la Comisión Constitucional y al final caducó con la disolución de las Cortes.

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