La Junta de Fiscales de Sala ha avalado finalmente la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de presentar en los próximos días una querella por el proceso participativo del 9-N. La querella va dirigida contra el president Artur Mas y dos consejeras, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la responsable de Enseñanza, Irene Rigau, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, desobediencia y usurpación de funciones.
Desde la Generalitat, el conseller de Presidencia y portavoz, Francesc Homs, había advertido ya antes del acuerdo de Fiscalía de que la querella supondría «un ridículo internacional extraordinario» del Estado. Homs ha advertido de que el Govern tiene todo «listo» para defenderse, y ha augurado que será «fácil» porque, en su opinión, lo que sucedió el 9-N en Catalunya no es un delito sino un movimiento «político».
En declaraciones a los periodistas antes de asistir a un acto organizado por la Fundació Cataluña Europa, Homs ha asegurado que el Govern afronta la querella «con ánimo sereno» y que tiene el convencimiento de que Mas no ha cometido ninguna ilegalidad.
«Estamos ante una querella política y no ante una querella con fundamento jurídico», y prueba de ello son las discrepancias que se han evidenciado entre el Fiscal General del Estado y los fiscales catalanes, que no han apreciado motivos para interponerla, ha dicho.
Según Homs, la querella evidencia que el Gobierno central liderado por Mariano Rajoy hace una «utilización torpe» de las instituciones del Estado, y ha recalcado que la votación del 9N estaba amparada en un derecho fundamental como es la libertad de expresión.
Por ello, ha asegurado que el hecho de que un Estado democrático obstaculizara un ejercicio que facilita la libertad de expresión «significaría que no es una democracia», y por esta razón, el Govern está convencido de que la querella no tendrá recorrido.
El conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, ha afirmado estar «consternado» ante el «espectáculo» político y jurídico originado por el paso de Fiscalía. «Es incomprensible en un Estado de Derecho moderno», ha manifestado Puig en declaraciones a los medios tras comparecer en la comisión de Empresa y Empleo del Parlament, al tiempo que ha considerado que estas actuaciones provocan que «cada vez haya más ciudadanos que no entienden cómo se está articulando el diálogo político a través de las instituciones judiciales».
Por su parte, el líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha recurrido a la red social Twitter para calificar la querella de «error monumental». «La Fiscalía ya ha decidido equivocarse. ¡Error monumental!!», ha escrito el portavoz de CiU en el Congreso.
El portavoz de ERC, Alfred Bosch, ha asegurado que el proceso soberanista no se va a parar «a golpe de querellas». Bosch ha afirmado que la decisión de Torres-Dulce, avalada por los fiscales, va dirigida contra «un pueblo entero», los «millones de catalanes» que votaron el 9N, ha dicho. Para el portavoz republicano, la querella es una «gesticulación más del poder» del Gobierno de Mariano Rajoy.
Entre tanto, el portavoz adjunto de ICV-EUiA, Joan Mena, ha ido más allá y ha exigido además la dimisión del Fiscal General por «haber cedido al chantaje del PP» con su decisión. La coalición catalana de izquierda considera que la querella supone un «ataque» al derecho de autodeterminación y al «conjunto de los catalanes». «Si el Fiscal General del Estado se cree la institución que representa, lo que debería hacer hoy mismo es presentar su dimisión, porque hoy tenemos una Fiscalía que está de rodillas delante del poder político que representa el PP», ha argumentado el portavoz adjunto de ICV-EUiA en el Parlament.
Más tarde, la portavoz de la formación en el Parlament, Dolors Camats, ha avanzado que su grupo se autoinculpará ante la Fiscalía reconociéndose como «coautores intelectuales y materiales» del 9-N. Según Camats, la querella responde a «una persecución política».
La misma decisión ha tomado la CUP. El diputado de la formación, Quim Arrufat, ha cuestionado además que la Fiscalía General del Estado actúe solo contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y ha considerado que «lo lógico» sería que lo hiciese contra todos los partidos que favorecieron el 9N. En rueda de prensa, se ha preguntado si tras esta decisión no se esconde la voluntad de «personalizar la causa catalana en un solo partido» para favorecer una interlocución futura, y ha recordado que en el último pleno los partidos proconsulta asumieron en el Parlament la responsabilidad del 9N.
Arrufat ha sostenido que la propuesta del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, «está fuera de lugar y de razonamiento político», y ha cuestionado que se les acuse de los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia y usurpación de atribuciones judiciales.
Desde los socialistas catalanes consideran la querella de «gravísimo error y desastre telúrico» que «empeorará el problema», en palabras de su portavoz parlamentario, Maurici Lucena. «No hay vida inteligente políticamente hablando en La Moncloa, porque si no, no se explica cómo se pueden tomar decisiones tan equivocadas», ha dicho el socialista.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, habçia confiado esta mañana en que la cúpula del ministerio fiscal «coincida» con el criterio de los fiscales catalanes y no se presente una querella que «judializaría un conflicto político» y aparecería «inevitablemente instada por el Gobierno».
El portavoz de C»s, Matías Alonso, ha asegurado este miércoles que la disposición de Torres-Dulce “no aporta ninguna solución, solo sirve para seguir minando el prestigio de las instituciones del Estado. La parodia consultiva del 9N no tendría que haberse producido nunca», ha recalcado Alonso, en rueda de prensa en el Parlament, lo que, a su juicio, demuestra que Rajoy no está a la altura de las circunstancias de su cargo.
Para el PP demuestra «que el Estado de Derecho funciona», el PSOE ve «la mano del Gobierno»
Entre tanto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha defendido hoy que la Fiscalía actúe contra el president por incumplir la orden del Tribunal Constitucional respecto al 9-N porque, ha recalcado, «la ley tiene que ser igual para todos«.
En declaraciones a una cadena de televisión, Cospedal ha definido de «broma de mal gusto» que la Generalitat critique al fiscal general del Estado y sugiera además que esa postura se debe a las presiones del Gobierno de Mariano Rajoy. Cospedal negó que el Ejecutivo español esté presionando al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para se presente una querella contra Artur Mas, pero sugirió que donde puede estar ocurriendo eso es en Catalunya.
Según Cospedal, es “bastante sorprendente” que los fiscales catalanes se hayan mostrado en contra de la presentación de querellas. “No sé si habría que hablar de presiones del Gobierno de la Generalitat, no voy a entrar en ese juego”, remachó.
Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Parlament, Santi Rodríguez, ha apuntado que la querella demuestra que el Estado de Derecho «funciona» en España.
En rueda de prensa en la Cámara catalana, Rodríguez ha sostenido que los que se saltan las normas en un Estado de Derecho acaban pagando la multa, y al margen de los debates que se hagan alrededor de la justicia, que haya una querella por parte de la Fiscalía «entra dentro de lo normal».
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, considera que la querella es un «error» tras el cual «se ve la mano del Gobierno«.
En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Hernando ha señalado que esa querella va a contribuir a echar «más leña al fuego» y va a «agravar los problemas de convivencia entre Catalunya y el resto de España».