El nuevo Fiscal General de México, Raúl Cervantes Andrade, fue ratificado hoy por el pleno del Senado, tras comparecer ante la cámara alta con el reto de avanzar en la resolución de casos que han empañado la imagen del Gobierno.
La ratificación de Cervantes se alcanzó con 82 votos en favor, tres en contra y una abstención.
Los senadores aprobaron una resolución para que, en un plazo no mayor a 90 días hábiles, el nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) presente su programa de trabajo ante la Comisión de Justicia del órgano legislativo.
Previamente, en su comparecencia ante esa comisión, Cervantes consideró prioritario dar continuidad a los «grandes casos pendientes», como la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en 2014.
Resaltó la necesidad de encontrar «una solución lo más satisfactoria posible» a esos casos, entre los cuales también citó los de Tanhuato, Nochixtlán y Tlatlaya, episodios en que civiles resultaron muertos debido al aparente uso excesivo de la fuerza por parte de soldados y agentes federales.
Cervantes dijo que es «innegable» que la PGR ha realizado una «gran cantidad de investigaciones, diligencias y peritajes en busca del esclarecimiento de los hechos en cada uno de estos casos» para determinar responsabilidades y garantizar la reparación del daño.
La Presidencia de México emitió el martes un comunicado en el que informaba de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para situar a Cervantes al frente de la PGR, y para que la hasta hoy procuradora general, Arely Gómez, se convierta en secretaria (ministra) de la Función Pública.
El boletín subrayó que, de ser ratificado, Cervantes debería «trabajar de la mano con el Congreso de la Unión, la sociedad civil y la academia para desarrollar el mejor modelo de Fiscalía General de la República», que sustituirá a la PGR.
El reto al que se enfrenta el nuevo procurador para dar respuesta satisfactoria a los «grandes casos pendientes» quedó ilustrado este miércoles en un mitin que protagonizaron familiares de los 43 de Ayotzinapa en el monumento conocido como Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México, al cumplirse dos años y un mes de su desaparición.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, afirmó que los cambios en la cúpula de la PGR demuestran «que no hay prioridad en la justicia», sino «en los juegos políticos del Gobierno» mexicano, al considerar que el relevo de su titular viene «a entorpecer las investigaciones y a hacer más lento el proceso de investigación».
El letrado expresó la esperanza de que el nuevo fiscal «no mueva la oficina del caso Ayotzinapa porque eso nos va a meter en muchos problemas».
Refirió que con la ya exprocuradora Gómez «se sentaron las bases y se construyeron las líneas de investigación adicionales al basurero de Cocula», donde según la versión oficial fueron incinerados por cuerpos de los estudiantes por miembros del cártel Guerreros Unidos. «Esperemos que eso no vaya hacia atrás», añadió.
Según el abogado, el reto de Cervantes es resolver el caso de Ayotzinapa, «y eso implica retomar los trabajos que inició Arely Gómez y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes» nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para asistir en las pesquisas.
Melitón Ortega, portavoz de los familiares, opinó que el cambio en la PGR «es como volver a empezar». Para los padres, dijo, «es una forma de distraer y atrasar la investigación».
Ortega reconoció que de parte de Gómez «había voluntad política» y «hubo pequeños avances», pero destacó que aún «no hay respuesta» a la desaparición de los estudiantes.
«Quien sea el que esté en ese puesto tiene la responsabilidad de mantener abierta la investigación. Es una obligación del Estado», concluyó.