La derrota del Gobierno en la convalidación parlamentaria del decreto que pretendía cumplir con una sentencia de la UE no solo marca el devenir de una legislatura que nacía débil. Supone, además, el primer incumplimiento del Reino de España con el Tratado de la UE. Sin embargo, los tres partidos comprometidos firmemente con el proyecto europeo han quedado retratados en este fracaso colectivo.
Susana Díaz y su pacto estratégico con los estibadores
El rechazo a la reforma obligada por la sentencia europea procede el partido que bajo los gobiernos de Felipe González logró el ingreso de España en las instituciones europeas. Pero el PSOE está hoy políticamente bloqueado por la incertidumbre sobre su liderazgo. El líder de los estibadores, Antolín Goya, supo leer donde estaba la baza para mantener el monopolio de estos 6.000 trabajadores. En una asamblea grabada en vídeo afirmó: «Si eso va en los términos que tiene que ir, intentaremos consolidar que el PSOE vote no. Si el PSOE vota no, el PP no puede sacar adelante este decreto».
La estrategia era de manual: «Si no lo hace [el Gobierno] con el PSOE tiene que buscar alternativas como la de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, de la que ya me han garantizado que no así que por ahí tampoco lo van a poder hacer. El PNV nos está diciendo que no. O sea, que el PSOE tiene la llave en su mano. El PSOE andaluz nos está diciendo que está con nosotros y queremos ratificarlo mañana con esta señora».
Esa señora era Susana Díaz, presidenta de la región con el mayor puerto de España y candidata a intentar salvar al PSOE de la ‘podemización’ que encarna Pedro Sánchez. Tras recibir a los líderes de los estibadores en la sede del Gobierno andaluz, la Junta emitió un comunicado en el que manifestó la «necesidad de un acuerdo entre el Gobierno central, empresas y sindicatos» para adaptar el trabajo de la estiba en los puertos españoles a los requerimientos fijados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Según ese comunicado, aunque la presidenta de la Junta reconoció la necesidad de modificar la legislación española de la estiba en los términos contenidos en la sentencia del tribunal europeo, consideró que es «igualmente necesario que ese cambio normativo tenga en cuenta los acuerdos que puedan alcanzar los sindicatos y empresarios del sector, siempre que no contravengan el fallo del TJUE». Discurso para todos los oídos: apoyo a los estibadores, patata caliente para el Gobierno y respeto a las sentencias europeas. La cuadratura del círculo.
El PSOE dejó al Gobierno solo en la votación, el líder de los estibadores acertó en su estrategia de ‘negociar’ con Susana Díaz y Pedro Sánchez no tuvo baza alguna para levantar su discurso de un PSOE subordinado a los intereses del PP.
Ciudadanos y su «donde dije digo…»
Miércoles 15 de marzo. José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, anuncia que al día siguiente votarán a favor de la convalidación del decreto bajo tres condiciones:
1. Que el Gobierno se involucre en las negociaciones entre las partes.
2. Que el Gobierno presente una propuesta para garantizar el empleo en el sector.
3. Que el Gobierno haga un seguimiento del acuerdo posible o hacer de mediador en el caso contrario.
Los periodistas preguntaron a Villegas qué votaría Ciudadanos en el caso de que esa oferta no fuera aceptada, y esta fue su respuesta: «No condicionamos el voto a que hoy haya acuerdo total de las partes», sino a «la posición del Gobierno».
Horas después, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se presentó en la reunión con las partes y ofreció prejubilaciones voluntarias a partir de los 50 años con el 70 por ciento del sueldo garantizado.
Apenas 24 horas después, a la hora de votar, Ciudadanos pasó del sí del miércoles a la abstención del jueves.
El Gobierno y su mayoría absoluta desperdiciada
Fue el 11 de diciembre de 2014 cuando el Tribunal de Justicia de la UE dictó una sentencia que decía que España vulneraba el artículo 49 del Tratado al «obligar con carácter general a las empresas estibadoras que operan en los puertos a inscribirse en una Sagep (Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios) y, en todo caso, al no permitirles recurrir al mercado para contratar su propio personal, ya sea de forma permanente o temporal, a menos que los trabajadores propuestos por la Sagep no sean idóneos o sean insuficientes».
Gobernaba Rodríguez Zapatero y el PSOE cuando Europa comenzó a exigir a España la liberalización de la estiba. La sentencia llegó cuando Mariano Rajoy y el PP contaban con mayoría absoluta, pero el Reino de España prefirió enredarse en un proceso de negociación con Bruselas para intentar defender el modelo de estiba vigente.
La Comisión Europea llevó a España por segunda vez en 2016 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber cumplido la sentencia previa en la que se exigía al país que liberalizase el sector de los estibadores, y le instó a actuar para evitar sanciones.
España no podrá evitar los 22 millones de euros de multa que le impuso en 2014 el Tribunal de Justicia, pero podrá librarse de 134.000 euros diarios adicionales si cumple con la obligación de liberalizar la estiba antes de que la corte dicte un segundo fallo, que parece inminente.
La obligatoriedad para España del pago de 27.000 euros por cada día que transcurra desde la publicación de la primera sentencia del TJUE el 11 de diciembre de 2014 es innegociable.
Si la reforma que exige Bruselas no se produce, el TJUE dictará una segunda decisión judicial por incumplimiento y a esa cantidad que ronda los 22 millones de euros habrá que sumar otros 134.000 euros diarios.
Reino Unido y Holanda (Rotterdam es el puerto más grande de Europa) liberalizaron sus instalaciones de forma voluntaria hace muchos años. Italia reformó sus leyes en 1991, también como consecuencia de una sentencia. Los nuevos socios de la UE han ingresado con sus puertos ya liberalizados.