Lunes 17/12/2018.

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UPyD propone a Gallardón recuperar para el Ministerio el diseño de las oficinas judiciales, en detrimento de las CCAA

Asegura que las comunidades han boicoteado la homogeneización haciendo fracasar la informatización de la Justicia
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El grupo parlamentario de UPyD ha registrado en el Congreso una iniciativa proponiendo recuperar ara el Ministerio de Justicia las competencias del diseño de las oficinas judiciales y de nombramiento de los secretarios de tribunales superiores, todo ello en detrimento de las comunidades autónomas que gestionan la competencia y con el objetivo de favorecer la homogeneización en todo el país.

En concreto, UPyD reclama dejar expresamente claro en la legislación que la competencia para el diseño, creación, organización de los servicios y establecimiento de las dotaciones básicas tanto de las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) como de los Servicios Comunes Procesales "residencia única y exclusivamente en el Ministerio de Justicia, en cuanto administración común", un cambio que permitirá "dar una estructura coherente y armonizada a la Oficina Judicial".

Del mismo modo, pide que la Ley Orgánica del Poder Judicial certifique que los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, com,o miembros de un cuerpo nacional de funcionarios, sólo podrán ser nombrados y removidos por el Ministerio de Justicia, eliminando las competencias que en esta materia tienen las Comunidades Autónomas, y que el proceso de nombramiento de Secretarios Coordinadores se realice única y exclusivamente por el Ministerio, eliminando el necesario acuerdo con las comunidades.

FACILITAR LA INFORMATIZACIÓN

Además, y previa las citadas modificaciones legales y cualesquiera otra que fueran necesarias, se insta al Gobierno a poner en marcha un verdadero plan para la informatización y digitalización de la justicia mediante un sistema coordinado y compatible en todo el territorio nacional.

Según explica en su iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, la oficina judicial sobre la que se sustenta el objetivo de la modernización de la Justicia comprende tanto a las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD), encargadas de la tramitación procesal y llevanza de todos aquellos asuntos cuyo conocimiento tengan legalmente atribuidos jueces y tribunales, como los Servicios Comunes Procesales, que asumen asume labores centralizadas de gestión y apoyo.

UPyD recuerda que la Ley del Poder Judicial determina la estructura básica de las oficinas judiciales y da un carácter homogéneo a todas ellas pero, "muy al contrario", tras el pacto de cesión de competencias alcanzado en su día por PP y PSOE, el diseño e implantación de la Oficina Judicial se ha ido dividiendo sin la más mínima coordinación, otorgando la inciiativa a las comunidades que hubieran asumido la competencia (País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Valencia, Canarias, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria y Aragón).

HA FALTADO CORRESPONSABILIDAD

"La corresponsabilidad entre las distintas Administraciones desgraciadamente ha brillado por su ausencia", señala UPyD, que relata que los Cuerpos Técnicos Superiores (Secretarios Judiciales, Fiscales y Jueces) dependen del Estado Central y los medios materiales y los personales dependen y son gestionados por administraciones distintas, "que funcionan con criterios distintos, medios distintos e intereses distintos, vulnerándose así la obligatoria homogeneidad y el mas elemental sentido común".

El resultado, a su juicio, es el "fracaso" de la Oficina Judicial, que más de 10 años después sigue sin tener una mínima implantación, funcionando todavía bajo "experiencias piloto" y principalmente en el territorio del Ministerio de Justicia (en aquellas CCAA que no tienen asumida la competencia).

El partido que encabeza Rosa Díez asegura que las comunidades, especialmente las denominadas históricas, "se han preocupado de boicotear cualquier intento de crear un sistema común y coordinado", hasta el punto de que hoy concurren diversos sistemas informáticos incompatibles entre sí, que han hecho imposible la informatización de la justicia y el expediente digital, lo que a su vez ha provocado importantes errores judiciales, como por ejemplo el que causó la muerte de la niña Mari Luz Cortés, al permitir que su asesino quedara en libertad por una simple falta de coordinación entre Juzgados.

La homogeneización debe afectar además, según UPyD, a la dotación de medios de las oficinas judiciales y a la designación de los secretarios judiciales, lo que pasa invariablemente por el Ministerio de Justicia. Y todo ello se puede hacer, en su opinión, mediante la reforma de la Ley del Poder Judicial sin tocar la Constitución.

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