Así lo ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha acusado a la Generalitat de «descargar» en los ciudadanos de Cataluña, como alcaldes o funcionarios, la responsabilidad sobre la organización de este nuevo procedimiento, «todavía más antidemocrático» que el primero.
«A los ciudadanos no se les puede imponer obligaciones a mayores que les generen dudas, miedos, intranquilidad, inseguridades porque el presidente de la Generalitat decide que no asume la responsabilidad de la ilegalidad del proceso», ha añadido.