Guerra entre Gobierno y Generalitat. Unas horas después de que el Consejo de Ministros decidiera impugnar la miniconsulta del 9N, Mas ha contestado amenazando con emprender acciones legales, de las que desconoce el alcance legal y ante la que los expertos consultados por Teinteresa.es no dan el más mínimo recorrido judicial. «Aunque no hay precedentes, la realidad es que podría emprender acciones legales recurriendo a un tribunal internacional, pero no como Generalitat, pero desde el punto de vista legal no tiene ninguna base jurídica», señalan. Es decir otro fuego de artificio más de Mas.
El Gobierno había acordado este viernes en su reunión del Consejo de Ministros plantear la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la nueva consulta convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 9 de noviembre, basándose en el informe aprobado por el Consejo de Estado avalando este recurso.
El Gobierno acusa a Mas de convocar una consulta sin garantías democráticas y dejar a los funcionarios a la intemperie
Según anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva consulta planteada por Mas «sin ninguna base legal y sin ninguna de las garantías democráticas más básicas».
La vicepresidenta recordó que el 9N es una consulta convocada para la misma fecha que la que ya fue suspendida por el Constitucional, con la misma pregunta, las mismas papeletas y las mismas urnas; además de no contar con ninguna administración electoral que la respalde y estar pilotada por «quienes defienden un resultado concreto».
Con su recurso, ha explicado que el Gobierno pretende asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y el Estado de Derecho, proteger la democracia, garantizar los derechos de los catalanes y, especialmente, los de los funcionarios a los que considera que Mas pretende «colocar a la intemperie» sin darles «ninguna cobertura legal».
Mas responde que el Gobierno abusa de su poder, hace el ridículo y deja indefenso al pueblo catalán
Mas ha vuelto a ponerse la bandera del pueblo catalán para justificar lo que es a todas luces una miniconsulta ilegal porque es a todas luces el paso previo a un referéndum. ¿Quiere Mas hacer una miniconsulta el 9N para luego no hacer nada? No se lo cree eso el Consejo de Estado ni tampooc el TC… ni él. Así que seguimos con la demogogia. «Esto es una ataque al pueblo de Catalunya que se tiene que defender de alguna manera. El Gobierno que se reía de la consulta del 9N ahora la impugana. Hace el ridículo y abusa de su poder y de la legalidad. Usa al TC y con ello le hace un flaco favor».
Mas ha aderezado su discurso con la amenaza de ir a las tribunales. Ni él sabe los pasos a dar (están estudiando el tema los servicios jurídicos) ni su recorrido, pero da un paso más en su reto al Gobierno para ganar apoyo (las encuestas no le son favorables y ERC le saca seis puntos). Es tal ya el juego de Mas que presenta como algo a valorar que él mismo no llevara adelante el decreto que él mismo firmó (y lo hizo con toda la majestuosidad que pudo). Lo dicho, otra treta más política que jurídica que intenta caldear el ambiente para lograr una salida… »honorable».
Demoledor informe del Consejo de Estado contra la miniconsulta
La Comisión Permanente del Consejo de Estado aprobó ayer por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña.
El Gobierno ya contaba desde ayer por la noche con el informe favorable del Consejo de Estado para impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la consulta alternativa convocada para el 9 de noviembre en Cataluña, un paso que podría dar mañana mismo el Consejo de Ministros.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se declaraba «de todo menos sorprendido» por el apoyo del Consejo de Estado a la impugnación, pero ha recalcado que el proceso sigue adelante a la espera de analizar los argumentos del Gobierno y la posterior decisión del Tribunal Constitucional.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado lo aprobó por unanimidad -preceptivo pero no vinculante- a favor de ese recurso después de que el Gobierno solicitara su dictamen por la vía de urgencia.
El Consejo de Estado considera el 9N alternativo «eleva, si cabe» la gravedad de la consulta que fue suspendida por el Tribunal Constitucional porque «se omiten algunas de las más elementales garantías constitucionales».
El dictamen señala que el hecho de que Mas o el Gobierno catalán no hayan aprobado un decreto de convocatoria del «proceso de participación ciudadana» en modo alguno impide «apreciar la existencia de un acto jurídico administrativo de convocatoria ya formalizado».
Pero añade que firmar un decreto pocas horas o días antes del 9N tampoco le otorgaría cobertura jurídica a un proceso que, insiste, no cumple las exigencias mínimas previstas en el ordenamiento constitucional.
Asimismo, considera que el objeto y elementos esenciales de la nueva consulta son «sustancialmente idénticos» a los de la que fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).
«Lejos de atenuar los vicios de inconstitucionalidad de que adolece el proceso, eleva si cabe la gravedad de los mismos», afirma el Consejo de Estado.
Rajoy, en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa junto a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha garantizado que el Gobierno actuará con el «único criterio» de garantizar el cumplimiento de la ley y que tomará la decisión que «convenga al interés general».
No obstante, el presidente del Gobierno ya ha planteado que, a su juicio, la consulta alternativa no cumple con las garantías democráticas y «no sirve más que para generar tensión».
Para el Gobierno, la nueva consulta es «algo parecido» a la anulada por el Tribunal Constitucional, «una pseudoconsulta que no ha sido convocada», en la que no hay censo «ni ley que lo ampare» ni organización que vele por su neutralidad ni se conoce quiénes serán los miembros de las mesas de votación.
El Ejecutivo se apoya en que las preguntas del denominado «proceso de participación ciudadana» son las mismas que las de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y, en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?».
La decisión del Consejo de Estado no ha alterado los planes de los promotores de la consulta, que han mostrado su voluntad de seguir adelante con el denominado «proceso participativo».
Más contundente que el presidente de la Generalitat ha sido el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien ha opinado que, «digan lo que digan el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional, hay que ir a votar el 9N» y ha confiado en que el Govern y los demás partidos «estén a la altura».
Otro de los promotores de la consulta alternativa, el diputado de la CUP David Fernández ha hecho un llamamiento directo a «desobedecer» a las instituciones si se prohíbe la consulta y a sacar las urnas «diga lo que diga» el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional y el Gobierno de Mariano Rajoy.
Tampoco está a favor de la impugnación el PSC, cuyo portavoz en el Parlament, Maurici Lucena, ha opinado que sería un error prohibir una movilización sin efectos jurídicos. No obstante, ha pedido a Artur Mas que cumpla la ley si finalmente se suspende la consulta.