La otra cara de los desahucios en España nos habla del mundo del alquiler. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con aquéllos que estando en situaciones de extrema necesidad no pagan el alquiler, que sean jubilados o estén gravemente enfermos? ¿Se les echará? ¿Es distinto su caso que el de las personas que se ven en la calle tras haber pagado parte de su piso en propiedad? La complejidad es grande, y hoy, con el país conmovido por los suicidios y las vidas rotas de miles de familias se habla de modificar la ley, de llegar a acuerdos. No pagar al banco no suele traer remordimientos (reciben ayudas, su negocio no gusta y suelen no perder), pero más difícil resulta decir al obrero que alquila su casa que no se le paga.
El caso del cambio de postura política, de la indiferencia y la legalidad (abusiva, sí, pero no hoy, sino desde siempre) se hace cristalino cuando recordamos el empeño de Carme Chacón de agilizar los desahucios. Reducir el tiempo de espera, crear juzgados para llevar estos temas y dar seguridad a los propietarios que alquilaban su casa eran las ideas que entonces eran aplaudidas por muchos. La misma Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, aplaudió la medida. Sus quejas no las provocabam las personas afectadas sino de dónde se iba a sacar el dinero para hacer los juzgados.
Chacón quería acabar con los morosos sistemáticos y profesionales. Este tipo de inquilinos vieron cómo en vez de 15 días para pagar tenía dos meses. El PP acusaba al PSOE de copiarle el programa de vivienda, en boca de Acebes. Las cosas han cambiado. Ahora ambos partidos se reúnen para ponerse de acuerdo, y tendrán problemas porque ahora el foco estará en ver quién llega más lejos. Se han dado 24 horas más, pero los problemas pueden llegar si intentan retorcer en exceso la legislación.