– Asume que en las generales perderá muchos diputados y necesitará pactar las cuentas. El anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de adelantar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para aprobarlos antes de que disuelva el Parlamento tiene un objetivo político claro: evitar que Ciudadanos o cualquier otro partido con el que tenga que pactar tras las elecciones generales le obligue a modificarlos.
Fuentes próximas a Rajoy explicaron a Servimedia que el Ejecutivo pretende que las cuentas públicas para el próximo año entren «en vigor» el 1 de enero para eludir el riesgo financiero y, sobre todo, político que entrañaría tener que afrontar su tramitación después de la cita con las urnas, especialmente a la vista de que todas las encuestas auguran que el partido que gane las generales estará obligado a pactar para dirigir La Moncloa.
Esto supone que, aunque Rajoy volviera a vencer en las elecciones previstas para el mes de noviembre, perdería la mayoría absoluta que actualmente tiene en el Congreso de los Diputados y tendría que negociar con otros grupos parlamentarios para sacar adelante las finanzas de 2016.
Si presentara los Presupuestos Generales antes de disolver las cámaras pero no los dejara aprobados, decaerían automáticamente. De este modo, en caso de revalidar el mandato tendrían que volver a pasar por el Consejo de Ministros para recibir luz verde y entregarse por segunda vez a la Cámara Baja para su tramitación.
CONDICIONES DE CIUDADANOS
Para entonces, el panorama político habría cambiado por completo porque la actual mayoría absoluta del PP habría desaparecido y Rajoy estaría abocado a negociar la aprobación de los Presupuestos Generales con la nueva configuración del Hemiciclo del Congreso, donde Ciudadanos y Podemos tendrán una importante presencia según auguran todos los sondeos sociológicos.
En caso de volver a ganar y poder pactar con Ciudadanos, Rajoy tendría que negociar primero con Albert Rivera para conseguir la investidura y a continuación iniciar una ronda de conversaciones aún más compleja para sacar adelante los Presupuestos Generales. Si el resultado de las urnas fuera peor y necesitara el consenso con otros partidos, la aprobación de las cuentas podría ponerse más cuesta arriba.
El intenso trabajo que ahora está realizando el Ejecutivo para tener listos los Presupuestos de 2016 este mes de julio serviría de poco porque las exigencias de Ciudadanos y otros partidos tras las generales podrían obligar a modificarlos de forma sustancial, truncando así la hoja de ruta de Rajoy para sacar definitivamente a España de la crisis y conseguir que la economía y el empleo sigan creciendo a un fuerte ritmo, el más alto de todos los países de la Unión Europea.
ADELANTAR A JULIO
Para tener aprobados los Presupuestos antes de disolver las Cortes Generales, Rajoy va con el tiempo justo y por eso ha dado orden a todos los ministerios de acelerar los trabajos para que el proyecto de ley esté listo antes de las vacaciones de verano.
Esto supone adelantar casi dos meses el calendario habitual, ya que el Gobierno suele aprobar el techo de gasto en julio y presentar los Presupustos a finales de septiembre. En octubre se celebra el debate de totalidad en el Congreso y en diciembre se aprueban del todo las cuentas.
El anuncio de Rajoy de que quiere aprobar los Presupuestos antes de disolver las cortes Generales obligará a convocar un debate de totalidad de los Presupuestos en plenas vacaciones, algo que nunca ha ocurrido en la democracia española, y habilitar todo el mes de agosto para que los diputados desarrollen el intenso trabajo que requiere cada año aprobar las cuentas públicas.
La Cámara Baja tendrá que dar el visto bueno a los Presupuestos a principios de septiembre para su remisión al Senado, donde habrá apenas un mes para desarrollar un trámite parecido antes de que las cuentas queden aprobadas por completo y Rajoy pueda anunciar oficialmente la convocatoria de las elecciones generales.
Hay el tiempo justo para ello, aunque las fuentes consultadas apuntan incluso que Rajoy podría solicitar la tramitación del proyecto de ley por la vía de urgencia para acortar plazos y asegurarse de que entra en vigor el 1 de enero de 2016.
Sólo así las cuentas del Estado quedarán blindadas y a salvo de los socios de gobierno con los que Rajoy se vería obligado a lidiar tras la cita con las urnas. Al menos en lo económico, tendría manos libres en el primer año de la legislatura para seguir adelante con su programa intacto.