En un comunicado publicado este jueves tras su reunión del miércoles en Adís Abeba con Kiir auspiciada por el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLA-IO) ha dicho que el encuentro entre los dos rivales, el primero desde 2016, fue «cordial» y les permitió discutir «sobre las perspectivas de paz en términos amplios».
«No hay atajo para la paz», ha sostenido el grupo rebelde. «El mejor modo de alcanzar una paz duradera es abordar las profundas y arraigadas causas del conflicto en el país y el Movimiento ha solicitado más tiempo, ya que cualquier enfoque honesto para resolver esto, a parte de buena voluntad, requiere tiempo», ha sostenido el grupo de Machar.
«La imposición de un acuerdo sobre las partes no funcionará», ha subrayado, indicando que «todos los grupos de oposición» han manifestado su rechazo a la propuesta de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de África Oriental (IGAD) ya que «no refleja todas nuestras posturas».
En este sentido, el SPLA-IO ha indicado que Machar aprovechó su encuentro con Kiir para trasladar que «para que haya cualquier diálogo significativo debería enmarcarse en el contexto de un arreglo político integral, para que se pueda silenciar las armas y se pueda establecer u entorno que facilite el diálogo».
En opinión del grupo rebelde, debería optarse de nuevo por el modelo que permitió alcanzar el Acuerdo de Paz Integral (CPA, por sus siglas en inglés) en 2015 y que supuso la vuelta al Gobierno, aunque por poco tiempo, de Machar como vicepresidente dentro de un gobierno de unidad. «El modelo actual (…) no es realista, ya que no es por falta de expertos que hay guerra en el país ni serán los talleres los que detendrán la guerra».
Por el momento, ni Kiir ni el Gobierno sursudanés se han pronunciado sobre el encuentro del miércoles con Machar o los temas abordados durante el mismo.
El pasado 22 de mayo, la IGAD publicó una propuesta de reparto de poderes para tratar de buscar una salida al conflicto según la cual el 55 por ciento de los cargos irían a personas nombradas por el Gobierno, el 25 por ciento a las nombradas por el grupo encabezado por Machar, y el otro 20 por ciento al resto de partidos políticos.