La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) calificó hoy de «crímenes de guerra» el asesinato de civiles por parte del movimiento de liberación islámico en el sur de Tailandia.
En un comunicado, HRW condenó a los grupos separatistas musulmanes por las recientes muertes de al menos cinco mujeres budistas, de las que decapitaron y quemaron a tres, desde el pasado febrero.
«Los insurgentes en el sur están matando a mujeres budistas y extendiendo el terror decapitando y quemando sus cuerpos», afirmó Brad Adams, director de HRW Asia.
«Las alegaciones de los grupos separatistas de que están respondiendo a los abusos del Gobierno no justifican los ataques contra civiles», añadió.
El pasado 2 de abril, los insurgentes atacaron una camioneta en la provincia de Yala y tirotearon con fusiles M16 a sus ocupantes, un jefe de distrito y dos ayudantes, una de las cuales fue decapitada.
El 14 de marzo, militantes musulmanes mataron a una profesora en la provincia de Pattani y quemaron su cuerpo.
En éstos y otros ataques, los rebeldes dejaron notas en las que denunciaban las ejecuciones por parte de las milicias gubernamentales y los abusos contra la minoría malayo-musulmana en las provincias sureñas de Pattani, Yala y Narathiwat.
HRW advirtió de que, aunque los insurgentes afirman que las leyes islámicas permiten el ataque contra civiles en ciertas circunstancias, eso no los exime de su responsabilidad ante los tribunales internacionales por crímenes de guerra.
Según la organización, la mayoría de los recientes ataques son perpetrados por los Luchadores por la Independencia de Patani, una organización ligada con el movimiento separatista Frente de Revolución Nacional-Coordinación.
Según cifras oficiales, 5.488 personas, en su mayoría civiles budistas y musulmanes, han muerto y 10.118 han resultado heridas desde que los independentistas musulmanes retomaron la lucha armada en enero de 2004.
Por otro lado, HRW apuntó que las autoridades tailandesas no han llevado ante la justicia a ningún miembro de las fuerzas de seguridad por las violaciones de derechos humanos cometidas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura.
«Los habitantes en el sur de Tailandia están atrapados entre la violencia insurgente y los abusos infringidos desde el Estado«, aseveró Adams.
Los atentados con armas ligeras, asesinatos y atentados con explosivos se repiten casi a diario en las provincias sureñas de Pattani, Yala y Narathiwat, de mayoría musulmana y etnia malaya, a pesar del despliegue de unos 40.000 integrantes de las fuerzas de seguridad y la vigencia del estado de excepción.
Los insurgentes denuncian la discriminación que sufren por parte de la mayoría budista del país y exigen la creación de un Estado islámico que integre las tres provincias, que configuraron el antiguo sultanato de Pattani, anexionado por Tailandia hace un siglo.