Los terroristas de Estado Islámico llevan meses sembrando su rastro de terror. La toma de Mosul, en junio y en una operación sin resistencias, les permitió disponer de un bastión desde el que empezar a controlar una parte amplia del norte y oeste y hacer realidad su idea de “califato islámico” y su particular interpretación de la sharia, la ley que rige el mundo musulmán.
Su idea de un califa a quien todos los musulmanes están obligados a jurar lealtad, y sus métodos de tortura medieval han dado la vuelta al mundo. Sin piedad, el EI ha ido extendiendo un reino basado en el terror y en la muerte de todo aquel que consideren enemigo a su manera radicalizada de entender el Islam. Su bandera negra ondea allá donde se producen crucifixiones públicas o decapitaciones de niños.
Las ciudades tomadas por los yihadistas se han convertido en ratoneras vigiladas por hombres enmascarados. Los antiguos edificios oficiales son ahora prisiones para los cristianos o los musulmanes más moderados. Las nuevas normas que impone el califato se reparten en octavillas, advirtiendo a quienes las incumplan que serán sometidos a amputaciones o vivirán en un “infierno eterno”. Las mujeres son obligadas a ofrecer servicios sexuales a los insurgentes.
Amnistía Internacional calificó esta semana la barbarie como “una campaña sistemática de limpieza étnica”, en un informe en el que documentaba las matanzas practicadas por los yihadistas, mediante relatos de supervivientes. Algunos contaban cómo “decenas de hombres y niños de la región de Sinjar fueron capturados por el Estado Islámico, cargados en camionetas y llevados a las afueras de pequeñas poblaciones para ser ejecutados en grupos o fusilados individualmente”.
También esta semana, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, principal órgano en esta materia del organismo, acordaba por unanimidad el envío de una misión a Irak para investigar sobre el terreno y recoger pruebas de lo que ha considerado “crímenes de guerra y contra la humanidad”, cometidos por los yihadistas.
Al menos 1.420 personas han muerto y 1.370 han resultado heridas en combates y otros actos violentos y terroristas durante el mes de agosto en Irak, segú la ONU, aunque la cifra de víctimas puede ser «significativamente más alta», reconocían desde el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, debido a las dificultades con las que el organismo se encuentra para verificar la información en zonas controladas por la insurgencia.
La ONU recoge pruebas
El 15 de agosto, el Consejo de Seguridad aprobó también por unanimidad otra resolución que contemplaba incluir en una lista negra a seis personas, entre ellas, al portavoz de Estado Islámico, Abu Muhammad al-Adnani, un iraquí descrito por los expertos de la ONU como «uno de los emires más influyentes» del grupo islamista y muy cercano al máximo líder, Abu Bakr al Baghdadi.
Hasta el momento, son estos los dos únicos pasos dados por el organismo, lo que ha provocado que surjan también las críticas por su inoperancia a la hora de actuar ante las amenazas a la paz, tal como retrata su principio fundacional, de 1945.
Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explica a teinteresa.es que a pesar de que las imágenes que llegan del régimen de terror de Estado Islámico parecen evidentes de su grado de atrocidad, el procedimiento del organismo obliga a realizar una exhaustiva investigación con recogida de pruebas, y siempre que sea posible sobre el terreno. “Esto nos permitirá completar el importantísimo trabajo que ya está realizando nuestro personal de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak”, la misión especial enviada por la ONU en 2003, tras la caida de Sadam.
La prioriodad del organismo, dice, se centra en este momento en documentar las violaciones “de manera responsable” y “alertar a la comunidad internacional de la situación de los derechos humanos”. “Es importante que demos voz a las víctimas y que documentemos su sufrimiento con la esperanza de que se rindan cuentas. La impunidad es el más potente combustible para que las violaciones de derechos humanos continúen”.
Una vez se compruebe que existieron “crímenes de guerra”, el Comisionado presentará sus conclusiones y recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos, que podrá elevar una resolución “con la esperanza de que la comunidad internacional y el Gobierno de Irak respondan de manera contundente y se haga justicia”.
No aclara cómo se procederá después ni en que consistirá esa contundencia, pero tampoco oculta la crítica cuando se le pregunta por cómo la estructura del organismo, que apenas ha sufrido cuatro modificaciones en sus setenta años de existencia, y el poder de veto que ejercen cinco países en el Consejo de Seguridad-EE UU, Rusia, Francia, Reino Unido y China- y que bloquean de manera reiterada las resoluciones, pueden afectar a esa respuesta. “Hemos llamado la atención en numerosas ocasiones sobre la necesidad de actuar de manera rotunda ante las graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Siria, solicitamos que la cuestión se elevase a la Corte Penal Internacional, pero lamentablemente, no existió el consenso”, reconoce.
«Una mayor sensibilidad habría salvado cientos de miles de vidas», dicen desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos
Desde la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos no ocultan sus diferencias con las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad.A finales de agosto, la responsable del Alto Comisionado se dirigió a los miembros del Consejo de Seguridad, con un discurso muy crítico, en el que advertía de que varios conflictos, entre ellos en Irak, Siria, Afganistán o Ucrania estaban «extendiendo su metástasis en un proceso incontrolable de límites impredecibles». «Estas crisis nos recuerdan el coste de los fracasos de la comunidad internacional para prevenir los conflictos», abroncaba Pillay a los líderes mundiales representados en el Consejo.
«Ninguna de estas crisis estalló sin advertencia. Aunque algunas crisis no se pueden predecir, sí que muchas de las violaciones de derechos humanos que se estaban produciendo se sabían. Por eso, se podía haber actuado ya», decía la comisaria. Según Pillay, aunque «el interés del Consejo de Seguridad por los derechos humanos ha aumentado notablemente, no siempre se produce una decidión firme para acabar con las crisis. Las consideraciones geopolíticas a corto plazo y los intereses nacionales tienen repetidamente prioridad sobre el sufrimiento humano intolerable y las graves amenazas para la paz y la seguridad. Creo que una mayor sensibilidad habría salvado cientos de miles de vidas».