Aparte, la princesa Sheija Noura bint Ibrahim al Jalifa también tiene un proceso abierto por agredir físicamente a Aayat al Qormozi, una joven activista chií, mientras estaba detenida, según ha declarado a Reuters la directora de la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía, Nawaf Hamza.
Al Jalifa está acusada de utilizar «la tortura, la fuerza y las amenazas contra las víctimas, Zahra al Sammak y Joloud al Durazi para hacerlos confesar un crimen», ha indicado Hamza, en referencia a los dos médicos.
Según el abogado de Sammak, la supuesta tortura se produjo entre marzo y abril de 2011, un período en el que los disturbios estallaron en Bahréin, cuando la mayoría chií exigió un cambio democrático en la monarquía suní.
El abogado de la princesa, Fareed Ghazi, ha afirmado que Al Jalifa niega los cargos. «Por supuesto, niega todos los cargos que pesan contra ella» en ambos juicios, ha señalado.
Una comisión independiente ha indicado que 35 personas murieron durante los disturbios y los dos meses de ley marcial. No obstante, la oposición ha elevado esa cifra a 80, mientras que el Gobierno ha rechazado estos datos y ha acusado a los grupos opositores de estar vinculados con el poder chií de Irán.
PROTESTAS MASIVAS
Según la información facilitada por los medios, Al Jalifa, de 29 años, es uno de los miembros de la familia real que trabaja en el sector público. En el momento de las protestas que sacudieron Bahréin en 2011, la princesa trabajaba en la unidad policial de control de drogas, ha argumentado Ghazi.
Asimismo, la ministra de Información bahreiní, Samira Rajab, ha confirmado que Al Jalifa está siendo juzgada en dos juicios paralelos. «Hubo una investigación, por lo que su caso fue remitido a los tribunales», ha declarado Rajab a Reuters.
Rajab ha advertido de que el juicio contra la princesa ha formado parte de una campaña de rendiciones de cuentas del Ejecutivo bahreiní, por la publicación del informe «Bassiouni» de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (BICI) en 2012
Dicha comisión fue establecida en 2011 para depurar responsabilidades tras las protestas del año pasado y que concluyó acusando a las autoridades de perpetrar «graves e impunes» violaciones de los Derechos Humanos, entre las que destacan prácticas generalizadas de tortura y maltrato.
Desde marzo de 2011, al menos 60 profesionales sanitarios han sido juzgados y condenados a penas de hasta 15 años de prisión por presuntamente intentar derrocar al Gobierno, según el grupo Médicos por los Derechos Humanos.
LOS CASOS
Al Sammak fue condenado inicialmente a cinco años de cárcel por un tribunal militar, pero fue absuelto posteriormente por un tribunal civil, de acuerdo con sus abogados. Por otro lado, Al Durazi fue detenido por facilitar supuestamente información falsa acerca de las personas heridas en los disturbios e incitar al odio contra el Gobierno.
En el segundo caso abierto contra Al Jalifa, la activista Al Qormozi ha dicho que la princesa le había aplicado descargas eléctricas en la cara mientras estaba detenida, ha recalcado su abogada, Reem Jalaf. No obstante, el cargo contra la princesa no hace referencia a la tortura.
Al Qormozi fue condenada a un año de prisión en 2011 por insultar al rey, participar en reuniones ilegales e incitar al odio contra el Gobierno, ha asegurado Jalaf.
La joven fue puesta en libertad después de algunos meses, pero, según su abogada, se desconocían las causas de su liberación y posteriormente, su caso fue desestimado por la Fiscalía, por razones que nuevamente no conocía.
Jalaf ha añadido que la próxima audiencia sobre el juicio contra Al Jalifa por los cargos relacionados con la joven activista será el próximo 7 de febrero. Respecto al juicio por los dos médicos, la abogada de la princesa ha subrayado que el proceso empezó en octubre de 2012 y que la siguiente vista será el 3 de febrero.