Lunes 23/10/2017.

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Consejeros de RTVE nombrados por el PP, PSOE y CiU tratarán con el Gobierno el recorte de 200 millones de euros

Los miembros del Consejo de Administración de RTVE Manuel Esteve (nombrado a propuesta del PP), Miguel Ángel Sacaluga (PSOE) y Josep Manuel Silva (CiU) serán los encargados de negociar con el Gobierno y los grupos parlamentarios el recorte de 200 millones de euros al presupuesto de la corporación propuesto por el Ejecutivo y convalidado este miércoles en el Congreso de los Diputados.
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En un reunión del Consejo de Administración celebrada este miércoles, el órgano de gobierno de la corporación ha decidido la composición de la comisión encargada de tratar con los grupos parlamentarios y con el Gobierno el estado de las cuentas de RTVE y se ha decantado por estos tres consejeros, según ha señalado el propio Silva a través de su cuenta en la red social Twitter.

No obstante, según han informado a Europa Press fuentes del consejo, a la primera reunión con el Gobierno, que RTVE solicitará "con carácter inmediato", acudirá el conjunto del Consejo de Administración por "razones institucionales y de cortesía" con el nuevo Ejecutivo. El Consejo de Administración ya se reunión en pleno con la exvicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega en 2008.

Posteriormente, a los encuentros con los grupos parlamentarios y en las siguientes reuniones de tipo técnico que se puedan generar a partir de ese primer encuentro con el Gobierno acudirá la comisión de tres miembros elegida este miércoles por el Consejo de Administración, en la que está presente Miguel Ángel Sacaluga, presidente de turno desde este miércoles de la corporación.

En su reunión con el Gobierno, los consejeros pretende informarse "de primera mano el alcance del recorte" y dar a conocer al Gobierno la "situación institucional y económica" en que este recorte deja a la corporación. Para ello, el consejo de administración ha encargado al director general Corporativo de RTVE, Jaime Gaiteiro, que prepare unas simulaciones para informar al Ejecutivo qué podría hacerse y qué no con recortes entre 80 y 200 millones de euros.

En este sentido, fuentes de RTVE han explicado que para el futuro de la corporación no tendría el mismo efecto un recorte de 80 millones de euros que uno de 200 millones de euros, que obligaría probablemente a cambiar la definición de servicio público que está obligado a proporcionar TVE, y por tanto, a la modificación de las leyes que lo regulan.

"Es una decisión política", ha indicado un miembro del Consejo de Administración, que ha señalado que el Gobierno tendrá que elegir entre mantener el actual modelo de "audiencia masivas" que entiende el servicio público no solo como contenedor de todos aquellos contenidos que las cadenas privadas "no quieren porque no les resultan rentables", sino también de programas de entretenimiento de calidad e "incluso deportes de masas".

Asimismo, en la reunión se preguntará al Gobierno si se plantea la posibilidad de abrir la vía para aumentar los ingresos de la corporación para compensar ese recorte. Algunos miembros del Consejo de Administración son partidarios de pedir al Gobierno la vuelta de la publicidad, la entrada de ingresos vía patrocinios o la oferta de canales, aunque todavía no hay una posición unánime por parte del consejo.

OTROS EFECTOS DEL RECORTE

La reducción de 200 millones de euros en el presupuesto no es único efecto que tendrá el Real Decreto ley de medidas urgentes económicas aprobado este miércoles por el Congreso de los Diputados. Así, fuentes de RTVE han explicado que los aspectos laborales incluidos en el real decreto para los empleados públicos afecta a la corporación, ya que en algunos casos contradicen el convenio colectivo firmado recientemente con los sindicatos.

Así por ejemplo su aplicación afecta a las pensiones pactadas con los sindicatos, a la contratos que caducan este año y a la jornada laboral, que según el Real Decreto aumenta a 37,5 horas semanales para los empleados públicos. En este sentido, el Consejo de Administración ha solicitado una aclaración al Ejecutivo para esclarecer hasta que punto afecta estas medidas a la corporación.

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