Este lunes se cumplen quince años de la mayor catástrofe ambiental de la historia de España, el “desastre del Prestige”. Aquel fatídico 13 de noviembre del año 2002 un petrolero cargado con 77.000 toneladas de fuel se vio afectado por un fuerte temporal que acabó por romper la estructura del buque “Prestige” vertiendo, irremediablemente, el combustible pesado, altamente contaminante, al mar.
Aquel devastador desastre ecológico se cebó con la costa gallega, ya que en el momento del accidente el petrolero apenas se encontraba a 28 millas de Finisterre (A Coruña). Solo tres días después tuvo lugar el primer baño de chapapote en más de 200 kilómetros de costa provocando enormes daños en el ecosistema. Tuvo un efecto letal para los animales marinos, así como aves y demás organismos que estuvieron en contacto con el fuel. Igualmente, estudios más recientes, como los llevados a cabo por la investigadora Blanca Laffon de la Universidad de A Coruña, concluyen que la gente que estuvo expuesta al vertido tóxico sufrió cambios en su ADN que podrían suponer un riesgo para su salud.
La gestión política del fatal episodio indignó a la población. Francisco Álvarez Cascos, entonces ministro de Fomento bajo el gobierno de José María Aznar, ordenó que el buque se enviara “al quinto pino”, con el objetivo de adentrarlo en el mar lo máximo posible. Una actuación que fue duramente criticada por los ecologistas: “Están escondiendo la basura debajo de la alfombra”.
Del descontento ciudadano nació la plataforma ‘Nunca Máis’, cuyos objetivos eran evitar la repetición de desastres ecológicos en Galicia, el castigo de sus responsables y la reparación de los daños sufridos, que entre la limpieza del vertido y el sellado del buque causaron un impacto económico de casi 4.000 millones de euros. Es por ello que esta catástrofe ambiental ha sido considerada el tercer accidente más costoso de la historia, solo superado por la desintegración del trasbordador espacial Columbia y el accidente nuclear de Chernobyl.
Quince años después, el desastre no se ha cobrado ninguna responsabilidad política. De hecho, hace apenas un tres años se resolvió el caso con una única condena: la del capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras, por un delito de desobediencia grave a las autoridades españolas, ya que tardó tres horas en aceptar que remolcaran el buque cuando sufrió el accidente. Sin embargo, aunque no penada, la gestión de la crisis por parte del Gobierno de José María Aznar fue cuestionada social y políticamente, siendo apreciada, también, por el tribunal que no dudó en destacar “falta de rigor en la gestión administrativa y formal de la crisis”.
El por aquel entonces Presidente delegó la coordinación de la crisis en su vicepresidente, Mariano Rajoy, actual Presidente del Gobierno de España, quien tardó en reconocer la gravedad del accidente. En sus primeras intervenciones, para informar sobre el desarrollo de los acontecimientos, declaró que el vertido era como “unos pequeños hilitos”, aunque, poco después, tuvo que reconocer que el buque derramaba 125 toneladas de fuel al día.
No se pudo hacer nada contra la pasividad de la administración pero triunfó la solidaridad de la sociedad española. Miles de voluntarios se desplazaron a la zona para participar en la limpieza del vertido junto a los pescadores y vecinos. No cesó el duro trabajo pese a la desesperación que sufrían al ver cómo el petróleo manchaba de nuevo las playas y costas que habían sido limpiadas el día anterior.
Actualmente, los expertos del Comité Científico Asesor aseguran que “el efecto del Prestige ha desaparecido de la costa en un 99%”, si bien la marea negra sigue aún viva en el recuerdo de todos los españoles.