La familia Pujol presentó ayer por la tarde una denuncia ante la justicia andorrana contra el empleado que reveló el secreto bancario –no se conoce aún su nombre- que luego provocó que saliera a la luz el fraude fiscal cometido por los hijos y la mujer del ex presidente de la Generalitat. Pero el objeto de esta denuncia no es asustar a los bancos donde aún tienen depositados sus dineros, sino poner trabas a las dos comisiones rogatorias que han puesto en marcha dos jueces desde España.
Efectivamente, Pablo Ruz desde la Audiencia Nacional y el titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona están investigando –el segundo también en Suiza- la fortuna de los siete hijos de Jordi Pujol y la regularizaron que hicieron días antes de que su padre confesara la herencia que tenía en Suiza. Es razonable que la familia tenga una estrategia, pero resulta incomprensible que esa estrategia solo pretenda ganar tiempo y frenar las investigaciones de dos jueces.
Y ya lo que resulta de opereta, salvo que se descubra que el bancario que filtró los documentos de los Pujol sea primo de Mariano Rajoy, es que los Pujol y sus socios de ERC atribuyan toda esta bazofia a las cloacas del Estado de derecho: “Un atentado a la consulta soberanista” dicen. Y se quedan anchos. En el fondo está bien que unos y otros se retraten en este asunto. Así nadie tendrá dudas de los motivos que les han llevado a engañar y mentir durante tanto tiempo. ¡Que dejen a los jueces hacer su trabajo y que intenten redimir sus presuntos delitos de la mejor manera posible!