Una patronal se inventó 10.671 alumnos en los cursos falsos
El País destaca que ni había cursos ni había alumnos. Las pesquisas policiales sobre el fraude en los fondos públicos para formación profesional, gestionados por la patronal nacional del transporte (Ucotrans), han concluido que ninguno de los 10.671 primeros alumnos investigados realizó las acciones formativas en las que estaban apuntados.
Campaña de acoso del PSOE a la juez Alaya
Abc cuenta que el PSOE reaccionó ayer a la imposición de una fianza civil de 29 millones de euros a la exministra socialista Magdalena Álvarez lanzándose en tromba contra la juez instructora del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía y firmante del auto, Mercedes Alaya, a la que dirigieron un duro ataque en el que no faltaron insinuaciones de “prevaricación” y de un “afán justiciero” por “abrir una causa general” contra el Partido Socialista.
Alaya podría embargar la nómina de 22.000 euros al mes de Álvarez
Según La Razón, Magdalena Álvarez recaló a finales de junio de 2010 en uno de los puestos más codiciados a nivel europeo por su elevada retribución, superior incluso a la de muchos miembros de la Comisión comunitaria. La ex ministra de Fomento goza de unas condiciones salariales envidiables en el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Gana 22.963 euros al mes, más un 15 por ciento de esta cantidad como compensación por alojamiento y tiene derecho a en torno a otros mil euros mensuales de gastos de representación.
La fianza a Magdalena Álvarez, la séptima más alta impuesta en casos de corrupción
La fianza civil que la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto a Magdalena Álvarez es la séptima más alta de la historia judicial en casos de corrupción. La actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) se sitúa por detrás del extesorero del PP Luis Bárcenas, que afrontó los 43,2 millones con el embargo de las cuentas y bienes.
La juez instructora del caso de los ERE se ha destacado por imponer millonarias fianzas por responsabilidad civil a distintos imputados en la causa pero, sin embargo, no ha superado el record de la cantidad más elevada fijada hasta el momento por un juez por este concepto. Fue el magistrado Miguel Ángel Torres, que impuso al cerebro del caso Malaya 1.000 millones de euros. Además, el juez sumó sanciones civiles de más de 5.200 millones de euros a los imputados por este caso, el mayor de corrupción urbanística en España.