El juez del caso Madrid Arena, Eduardo López Palop, ha dictado este viernes prisión provisional con fianza de 200.000 euros para el empresario Miguel Ángel Flores, además de la retirada del pasaporte, según han informado los abogados de las víctimas de la fiesta de Halloween, pero Flores ha quedado en libertad tras pagar la fianza de 200.000 euros.
El promotor de la fiesta del Madrid Arena donde fallecieron cinco chicas aplastadas en una avalancha fue detenido ayer por riesgo de fuga y durante cerca de tres horas y media ha estado declarando ante el juez en Plaza de Castilla.
Los abogados de las víctimas habían pedido prisión sin fianza, pues en palabras del letrado de una de las jóvenes fallecidas, Belén Lagndon, Miguel Ángel Flores está «metido en un negociado donde se mueve mucho dinero negro».
DETENIDO POR RIESGO DE FUGA
El empresario Miguel Ángel Flores, detenido ayer por riesgo de fuga, ha declarado esta mañana a partir de las 12 horas, con dos horas de retraso, ante el juez del caso Madrid Arena, Eduardo López Palop, han informado a Europa Press fuentes judiciales.
La Policía Nacional detuvo ayer a las 15 horas a Flores, responsable de la empresa encargada de la fiesta de Halloween en el recinto Madrid Arena en la que murieron aplastadas cinco jóvenes, «por riesgo de fuga».
El juez del Juzgado de Instrucción número 51, encargado de investigar el caso Madrid Arena, dio la orden de arresto a media mañana de ayer como una medida cautelar judicial más para evitar que el empresario pueda huir del país.
Agentes del Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid materializaron esta orden judicial y apresaron al dueño de Diviertt, que fue trasladado a dependencias policiales. Pasó esta noche en los calabozos y será dirigido esta mañana al Juzgado, donde declarará a partir de las 10 horas.
El juez dejó en libertad a Flores después de que compareciera ante él el pasado 20 de noviembre. El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, justificó entonces que no se pidiera prisión provisional porque no se daban los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.