Según anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a principios de septiembre, su ejecutivo ya tenía listas las medidas constitucionales para hacer frente al desafío soberanista catalán. Sin embargo, más allá del anuncio, el líder de los populares no avanzó ni concretó los mecanismos que emprenderá Moncloa y volvió a hacer hincapié en que la consulta preparada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 9 de noviembre, no se va a celebrar.
Teinteresa.es ha hablado con expertos en derecho Constitucional y Penal para que expliquen los previsibles pasos que seguirá el Gobierno de España y Artur Mas.
1. Recurrir la ley catalana
Según apuntan desde el Gobierno de Cataluña, será mañana, 19 de septiembre cuando el Parlament saque adelante la Ley Autonómica de Consultas y el decreto de la convocatoria ante lo que el ejecutivo de Rajoy respondería rápidamente, según el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Cataluña, Xavier Arbos Marín, con un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). «Recurrirá tanto el decreto como la ley con el artículo 161.2 de la Constitución», explica este profesor.
Se trata del apartado en el que señala que siempre que el Gobierno impugne una ley o una disposición autonómica, y así lo solicite, el acto jurídico quedará suspendido cautelarmente, solo con que el TC admita a trámite los recursos, cosa que hará «con seguridad en pocos días», según avanzó la número dos del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado hace dos semanas . La suspensión cautelar es por un tiempo máximo de cinco meses, pero puede prorrogarse hasta que la corte resuelva el fondo de la controversia.
«La Constitución dice que la suspensión es automática y el suspenso se mantendría hasta que el tribunal no lo levante», recuerda Arbos y añade que desde su punto de vista es «improbable» que el tribunal levante la suspensión. «Con la suspensión no tendrían ningún apoyo legal a la consulta», matiza.
2. El Gobierno de España no podrá actuar el mismo día de la aprobación de la Ley de Consultas
Las previsiones del gobierno de Mas son sacar adelante la ley mañana viernes y lo harán con el apoyo de dos parlamentarias socialistas catalanas. Esa fecha coincide con la celebración del Consejo de Ministros por lo que el Ejecutivo podrá planear los últimos preparativos ante las medidas que adopten cuando la ley salga adelante. También cabe la posibilidad de que se convoque un Consejo de Ministros extraordinario el sábado 20.
«Hasta que Mas no saque adelante la ley y esta no salga publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el Gobierno de España no puede hacer nada. Una vez que lo publiquen electrónicamente, pongamos que puede ser ya el sábado, entonces será cuando Rajoy lo pueda recurrir ante el Constitucional», explica Arbos.
3. Rajoy recurrirá el sábado la Ley y el TC aplicará el artículo 161.2
Una vez que el documento llegue al tribunal, se registrará su entrada, se reunirá la sección correspondiente. «Comprobará lo que dice y aplicará el artículo 161.2, por lo que procederá a dictar el auto de suspensión de la ley y del decreto», indica. Según los cálculos de este experto, a lo largo de la semana del 22 al 28 de septiembre ya se habría acordado la suspensión de la consulta.
Los dos caminos de Mas: convocar una consulta ilegal o elecciones
Tras la suspensión de la Ley de consultas y del decreto el president de la Generalitat tendría dos salidas: la celebración de una consulta ilegal o la convocatoria de elecciones. En cualquiera de las dos opciones Mas se reunirá con sus socios de la consulta, CiU, Iniciativa, Esquerra y CUP para valorar el nuevo camino a emprender.
Si opta por la primera opción, los partidos a favor de la consulta tendrán que estudiar «un acuerdo de consenso y ver si disponen de los censos y los locales», asegura Arbos. Según este catedrático la celebración de una consulta ilegal «traería problemas muy serios para Artur Mas de cara a la opinión internacional». «No tendría ningún valor y solo irían a votar los que estuvieran a favor de la independencia de Cataluña. La opinión pública nacional e internacional no daría más credibilidad a Mas», apunta.
Por otro lado, en caso de que la consulta se celebre, el Gobierno de Cataluña no “podría obligar a nadie a que acuda a una mesa electoral para supervisar la consulta porque la consulta ya en sí es ilegal”.
Finalmente, si Mas opta por la convocatoria de unas elecciones anticipadas tendría que disolver el Parlament en primer lugar y posteriormente poner una fecha a esos comicios.
Mas se enfrentaría a un delito de desobediencia
Si Mas decide hacer la consulta pese a la suspensión de la ley y del decreto por parte del Tribunal Constitucional se enfrentaría a un delito de desobediencia, según explica el abogado penalista Ángel Ruiz de Erenchun.
El delito de desobediencia está tipificado en el Código Penal en el artículo 410 y dispone que “las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
Según afirma Ruiz de Erenchun, el president de Cataluña sería juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. «En caso de que recurriese se trasladaría el caso al Supremo», afirma el letrado.
Este abogado también descarta que se le pueda juzgar al president por un delito de sedición, que dispone que «los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».
Ambos expertos coinciden en que este delito es una «elucubración jurídica» para este caso y rechazan que pueda suceder.