El artículo 155 de la Constitución se ha convertido en el protagonista de la crisis en Cataluña en los últimos días. El pasado lunes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciaba que el Parlament se pondría en marcha para iniciar los mecanismos hacia la independencia. Desde entonces, son muchas las voces que reclaman al Gobierno su inminente aplicación. Incluso Felipe VI lo avala: “Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones”. Pero, ¿en qué consiste esta norma recogida en la Carta Magna y cómo se aplicaría llegado el caso?
En teinteresa.es hemos hablado con Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, y con Ángel J. Sánchez Navarro, catedrático de Derecho Constitucional de la UCM, debido a la complejidad de los acontecimientos. La norma nunca se ha llevado a cabo en España y, al hacerlo, se entraría en un territorio legal totalmente desconocido hasta ahora.
Gobierno y Senado serán los encargados de representar al Estado al aplicar la hipotética suspensión de autonomía: son los únicos entes que recogen en sus respectivos reglamentos el uso de esta jurisdicción.
Vuelta a la legalidad
No obstante, el Ejecutivo deberá requerir primero al Govern de JxSí que vuelva a la legalidad.
“Si Puigdemont ignora la petición de Rajoy, entonces el presidente tendrá que enviar una comunicación formal al Senado con su propuesta para obligar a las instituciones catalanas al cumplimiento de la Constitución”, explica Vidal. El contenido de la misiva debe demostrar que se ha exigido la vuelta a la normalidad legal en Cataluña, pero que sus autoridades han hecho caso omiso a la advertencia.
El catedrático afirma que para este primer paso el Ejecutivo no necesita el apoyo explícito del Tribunal Constitucional (TC), ya que es evidente que el bloque independentista se ha saltado la ley durante estas semanas; sin embargo, sí que cree que buscarán una declaración del Alto Tribunal para que le otorgue un mayor peso jurídico a su decisión.
Un paseo en el Senado
El PP goza de mayoría absoluta en la Cámara Alta desde las elecciones generales de 2016. Su poder garantiza que la hipotética hoja de ruta planteada por el Gobierno supere cualquier oposición en el caso de que tenga ser aprobada.
Pero la Mesa del Senado debe seguir un protocolo y los pasos que se reflejan en el artículo 189 de su reglamento. Su misión será transmitir la documentación recibida a la Comisión General de la Comunidades Autónomas -formada también por una mayoría de diputados del PP-, que se pondrá en contacto con Puigdemont para darle la última posibilidad de remitir las alegaciones que considere oportunas y elegir a una persona para que ejerza su representación.
Es la Comisión quien razona si procede o no aprobar la solicitud del Gobierno central, con los condicionantes y precisiones que estime apropiadas.
Finalmente será el Pleno de la Cámara Alta el encargado de debatir y votar la aplicación del artículo 155. El PP detenta 130 de los 208 escaños y podría sacarlo adelante en el plazo de una semana.
“Es el Gobierno quien tiene toda la información, aunque yo lo aplicaría. Todos ganamos partidos desde el sillón de casa, pero es el entrenador el que mejor conoce cómo van sus jugadores y el que ha estudiado los informe sobre el contrario”, argumenta Ángel J. Sánchez Navarro.
¿Elecciones o estabilidad?
Ciudadanos (C´s), a través de Albert Rivera, le ha pedido a Rajoy que aplique ya el 155 y que asuma las competencias de Seguridad y Orden Público, además de la presidencia de la Generalitat, con el objetivo de celebrar unas nuevas elecciones autonómicas en el corto plazo.
“Suplir a Puigdemont es algo forzado y no es la situación ideal para Cataluña. La aplicación de este artículo tiene carácter temporal y habría que considerar si políticamente es adecuado convocar elecciones con tanta urgencia o, mejor, centrarse en restablecer el orden constitucional. Para luego abordar la posible convocatoria electoral”, opina Carlos Vidal al respecto.
El catedrático de la UNED cree que el PP no quiere ir solo de la mano de C’s y está esperando al PSOE para dar el paso. No obstante, como jurista, considera que el 155 se podía haber aplicado desde hace tiempo: “No solo están desobedeciendo la Constitución y las leyes, sino que se pone en peligro la integridad territorial del Estado español”.