Va a llegar a todos los rincones de Andalucía. No son palabras de la policía, sino de la delegada del Gobierno de Andalucía. EDU va a llegar a otras provincias andaluzas al margen de Almería, Cádiz y Málaga, las inicialmente trascendidas y donde por ahora se centran las actuaciones. La Policía Nacional ha detenido ya a 15 personas este martes en el marco de la »operación Edu» relacionada con la investigación de los cursos de formación en Andalucía, en la que se prevén entre 70 y 90 arrestos en los próximos días. La respuesta de Susana Díaz no se ha hecho esperar, aunque desde IU y el PP la apuntan directamente: «a los que hayan defraudado, que les crujan«. Mucho van a tener que crujir cuando en el mismo día la juez Alaya na imputado a otras 34 personas en el caso de los ERE.
La Operación Edu Costa
Las mismas fuentes han precisado que esta nueva fase ha sido bautizada con el nombre »Edu Costa» y está dirigida contra las personas vinculadas a las empresas que se beneficiaron de las subvenciones paras realizar cursos de formación. La operación, a cargo de la unidad central operativa de delincuencia económica y fiscal (UDEF), se está llevando a cabo en Málaga, Cádiz y Almería.
La exalcaldesa de Jerez y el concejal de Roquetas de Mar, implicados
Entre las personas implicadas hay algunas relacionadas con la política. En el marco de la operación, la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pilar Sánchez, ha testificado este martes «durante cinco minutos» como expresidenta de Mercajerez ante la Policía Nacional. Ha aclarado a los investigadores que no sabía «nada» de los cursos y señala que en las dependencias policiales estaba «todo Mercajerez».
Por su parte, el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) y vicesecretario de la Agrupación Local, Juan Fernando Ortega Paniagua, ha trasladado este martes que va a materializar de forma «inmediata» su baja de militancia y que va a proceder a entregar su acta de edil tras su imputación en el marco de la segunda fase de la operación »Edu».
No somos conscientes ni pensamos que hayamos podido cometer alguna irregularidad», ha trasladado a Ortega Panigua, quien ha comparecido en dependencias de la Comisaría Provincial tras ser citado vía telefónica por los investigadores junto a su exmujer, su hija y una profesora, quienes también figuran al frente de las mercantiles Ormar Informatic SL; Inmecamar SL; y Academia Infosol SL.
Ha señalado que, si bien ha acudido con la intención de declarar «voluntariamente», ha optado por no hacerlo ya que la causa se encuentra bajo secreto sumarial por decisión del Juzgado de Instrucción 4 de Almería, encargado de las diligencias previas incoadas en junio de 2014 a raíz de la denuncia de la Fiscalía Provincial.
Las investigaciones se encuentran a día de hoy bajo secreto de sumario, se vinculan con empresas y sociedades mercantiles que presuntamente han «malutilizado» los fondos de formación que se proporcionaban desde la Junta, con «políticos y empresarios» relacionados con una operación «de gran alcance, que hace tiempo que empezó y cuyo colofón puede ser hoy».
«La lástima es que tiene que ver con los desempleados y los fondos de formación: nos llena de estupor y pena que estos fondos se hayan malutilizado», ha agregado.
Las detenciones no acabarán hasta el día 20
Fuentes del caso han indicado que la que ha comenzado este martes es la primera fase de la que se denomina operación »Edu Costa» y se va desarrollar con actuaciones como registros domiciliarios y de empresas de Cádiz, Málaga y Almería hasta el día 13. La segunda fase, según han precisado, comenzará el día 16 y tiene previsto culminar el día 20.
El secreto de actuaciones se ha estado prorrogando a la espera de que se incorporase a la causa el informe oficiado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que recientemente culminaba con la ronda de entrevistas a profesores y alumnos de los centros de formación bajo sospecha.
La última decisión, al margen de las prórrogas de secreto de sumario, de la magistrada María del Mar Cruz en el marco de este procedimiento fue aceptar que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se personase como parte en el procedimiento, aunque rechazaba entonces dar traslado de lo actuado hasta el momento debido al secreto que pesa sobre la causa.
Como ya se desveló el fraude ascendería a 3.000 millones de euros, aunque las investigaciones se centran por el momento en una quincena de expedientes de concesión de subvenciones de los más de 8.000 que fueron tramitados entre 2007 y 2013.