El Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Melilla considera que la enmienda presentada por el PP a la Ley de Seguridad Ciudadana para legalizar las devoluciones en caliente no sirve para responder a la dimensión del problema migratorio y defiende que la modificación de la ley debe “respetar la legislación europea y los derechos humanos”.
“Si se quiere evitar que se vean imágenes como las que estamos viendo últimamente se tendría que cambiar la normativa, pero ese cambio tiene que respetar la legislación europea y tener todas las garantías legales tanto para el inmigrante como para el agente”, afirma su portavoz Jesús Ruiz, que considera que el Gobierno “se está equivocando” con la presentación de esta enmienda para agilizar la legalización de estos rechazos.
“No sé qué tendrá que ver la ley de seguridad ciudadana, que ya es controvertida de por sí, con todo esto. Lo consideran un problema de orden público y se equivocan”, lamenta Ruiz, “pero nosotros no somos los culpables de que el tema de los rechazos esté mal planteado”.
Este portavoz recuerda que la actuación de los agentes en frontera debe regirse “en todo momento” por la normativa de extranjería vigente. “Y si esa legalidad dice que a una persona que ha entrado ilegalmente a territorio español tiene que aplicársele el régimen de extranjería, es lo que se tiene que hacer”, opina Ruiz.
El régimen de extranjería establece que los irregulares que han entrado en el territorio español deben ser trasladados a comisaría para su identificación, tras lo cual ingresarán en un Centro de Internamiento de Extranjeros hasta que se resuelva su situación administrativa y se abra el correspondiente expediente de expulsión.
En todo este proceso, el inmigrante tiene derecho a contar con asistencia letrada. Según las denuncias de varias ONG, muchos de estos inmigrantes procede de países en situación de conflicto, lo que los convierte en solicitantes de asilo.
Desde este sindicato de Policía creen que el Ejecutivo trata de emplear también las imágenes explícitas difundidas por distintas ONGs sobre los últimos saltos a la valla, en las que se muestran enfrentamientos entre inmigrantes y agentes para “justificar esas devoluciones en caliente”.
“Creo que eso es tirar por la puerta del medio”, opina su portavoz, que considera también que la cuestión migratoria debe tener un enfoque que trascienda la cuestión policial. “Los inmigrantes no tendrían que acercarse a la valla, porque cuando ya están aquí es muy difícil actuar contra eso”.
Desde el SUP afirman que las devoluciones en caliente que puedan producirse responden a las órdenes de una “jerarquía de mando”. “Las órdenes son militares de arriba abajo. Pero, al final, siempre es el agente el que acaba recibiendo todas las críticas”, lamenta Ruiz, que afirma también que los agentes se encuentran totalmente desprotegidos y actúan en condiciones de precariedad. «Me duele ver a un compañero encaramado a una valla, como también a un inmigrante al que se intenta forzar a que baje. Al final hacen que esto sea una batalla que tiene que librar el agente», dice Ruiz.
En varias ocasiones, los propios guardias civiles han reconocido también que se hacen devoluciones de este tipo por órden directa de sus jefes, lo que ha provocado las críticas de la Comisión Europea y de varias asociaciones judiciales. El organismo comunitario recordó a España que esas devoluciones son ilegales.
El sindicato reclama por ello un “protocolo de actuación claro y explícito” para saber cómo hacer frente a cada salto, como también solicitan de forma insistente desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil. “Te dejan con incertidumbres y en el momento del salto uno tiene que saber lo que se tiene que hacer”, afirma rotundo Ruiz.