En este sentido, ha asegurado que el Gobierno va a trabajar en los próximos meses para lograr «una cadena alimentaria más justa, más equilibrada, y que forme valor en cada uno de sus elementos».
Según ha recalcado, la ley y su cumplimiento «no es una opción, es una obligación legal». Por lo tanto, que los costes de producción sean la base de la negociación de los contratos escritos en el sector agroalimentario «no está sujeto a condición».
Según indican en un comunicado, Planas ha aclarado que, con esta reforma legislativa, el Gobierno busca corregir los desequilibrios de la cadena de valor, que desde el año 2013 hasta ahora se ha producido de una forma cada vez más significativa. Con esa nueva norma «se fomenta la transparencia en la formación de precios y se protege al eslabón más débil, es decir, nuestros agricultores y ganaderos».
En relación con la segunda fase, ha adelantado que en los próximos días el Consejo de Ministros efectuará la primera lectura del anteproyecto de ley que traspone la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario. El ministro ha apuntado que la elaboración del anteproyecto de ley, que se remitirá a las Cortes el próximo otoño, contará con un amplio debate con las comunidades autónomas y con el sector para contar con sus aportaciones.