El PP ha presentado un total de 25 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana elaborada por el Gobierno. Entre ellas, una mediante la cual pretende reformar la Ley de Extranjería y recoger en su articulado el rechazo en frontera de inmigrantes en Ceuta y Melilla, algo hasta ahora ilegal.
«Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España». Este es el párrafo que el PP quiere que figure como «Disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla» en la Ley de Extranjería.
Para ello propone una enmienda de adición para introducir una nueva Disposición adicional primera en la Ley de Seguridad Ciudadana. Según explican los populares en sus enmiendas, el objetivo es que la Ley de Extranjería contenga «una previsión que responda a la singularidad geográfica y fronteriza que concurren en las ciudades de Ceuta y Melilla».
A su juicio, «la singularidad de ambas ciudades queda ejemplificada entre otros, por el hecho de que constituyan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en territorio africano y cuenten con un especial tratamiento en el ordenamiento jurídico comunitario. Es preciso, por lo tanto, reflejar expresamente dicha singularidad».
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha evitado referirse de forma explícita a esta enmienda, aunque sí ha defendido que existen «zonas de confusión» y de «inseguridad jurídica» en la actuación de las fuerzas de seguridad contra la inmigración irregular en Ceuta y Melilla que deben ser solucionadas.
«No es fácil compatibilizar el principio humanitario y al tiempo cumplir la ley que dice que para entrar en España hay que hacerlo legalmente», ha asegurado el ministro, que ha explicado que hace tiempo que la Unión Europea exige a España el control de las fronteras. Según Fernández Díaz, «es rechazo en frontera y no devolución en caliente».
La solución, según el portavoz socialistas, no está en modificar «puntualmente» la ley, porque eso no va a impedir que los inmigrantes sigan intentando entrar ilegalmente en España.
«Lo que diremos al Gobierno y al PP es que con una modificación puntual de la ley no es suficiente y lo que tiene presentar es una actuación integral, un plan integral de actuación en la frontera, que va a seguir siendo conflictiva durante los próximos años», ha afirmado el socialista.
La nueva de Ley de Seguridad Ciudadana ha comenzado su tramitación parlamentaria después de que la semana pasada superase el debate totalidad en el que el PP hizo valer su mayoría absoluta para tumbar hasta nueve enmiendas a la totalidad presentadas por cada uno de todos los grupos que forman la oposición. A las ocho de la tarde de ayer terminaba el plazo para presentar enmiendas parciales.
Qué dice ahora la ley: el inmigrante tiene que ser identificado y se debe abrir un expediente de expulsión
En la actualidad, una vez que un inmigrante cruza la frontera y pisa territorio español, la Ley de Extranjería obliga a realizar una serie de trámites administrativos: el inmigrante debe ser trasladado a comisaría, donde la Policía le intenta identificar para abrirle un expediente de expulsión. El inmigrante tiene derecho a intérprete y una asistencia letrada.
Cuando el inmigrante llega a España desde Marruecos, se aplica el convenio de readmisión hispano-marroquí. Los trámites para la readmisión son más ágiles que para la expulsión, pero también requieren trasladar al inmigrante a comisaría para identificarle y que Marruecos proporcione un acuse de recibo.
Sin embargo, en los últimos tiempos, según denuncian las ONG y los colegios de abogados, la Ley de Extranjería se vulnera de manera sistemática en Melilla, donde los inmigrantes se devuelven en caliente a Marruecos, es decir, al momento y sin haber realizado los trámites preceptivos.
Las denuncias de tres de estas ONG, Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein, motivaron la imputación, en septiembre, del coronel jefe de la Comandancia de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, por haber presuntamente devuelto «en caliente a Marruecos este verano a decenas de subsaharianos que habían logrado saltar las vallas o que se encontraban entre ambas vallas que separan la ciudad de Marruecos.
Las ONG argumentaron en la denuncia, acompañada de varios vídeos grabados entre el 18 de junio y el 13 de agosto, que los inmigrantes se encontraban en el espacio entre las dos vallas, es decir, en territorio español y fueron expulsados a Marruecos por antidisturbios marroquíes, que cruzaron la frontera, y guardias civiles. Las asociaciones recordaban además que en el intento de salto del 13 de agosto estas personas procedían de Mali, un país en situación de conflicto, y por tanto, tienen derecho a ser reconocidos como «solicitantes de asilo». En su declaración ante el juez, Martín Villaseñor negó haber cometido irregularidades.
La última denuncia a la actuación en la valla ha llegado hoy desde la organización humanitaria internacional Human Rigths Watch, que ha pedido a la Comisión Europea que actúe contra el Gobierno español por la forma de emplear las fuerzas de seguridad en la frontera contra un joven camerunés la pasada semana en Melilla.
«El Gobierno español tiene que llamar a un cese inmediato de estas actuaciones abusivas y la Fiscalía tiene que investigar este horrible caso», afirma la organización en un comunicado, en el que solicita además la retirada de los agentes que participaron en la actuación.