En 2013 se gestionaron retornos voluntarios asistidos a 16 países de origen y en lo que va de 2014 se ha hecho lo propio a cinco países.
Entre los principales países de retorno, destacan Nigeria, Costa de Marfil, Camerún o Guinea-Conakry, aunque en la lista de destinos habituales hay otros como Congo Kinshasa, Liberia, Congo Brazzaville, Senegal, Mali, Togo, Ghana, Burkina Faso, Kenia, Gambia, Chad y Sierra Leona. También hay inmigrantes de países asiáticos como Filipinas, Sri Lanka, Singapur o Indonesia.
Según datos ofrecidos el año pasado por el Ministerio de Interior, de los 154.156 inmigrantes que han entrado en España de forma irregular en la última década (2002-2012), 91.559 procedían de África subsahariana, 47.057 de Marruecos, 12.254 de Argelia, 2.091 de Asia y 1.195 de otros países. En este periodo, llegaron a las islas 88.992 ciudadanos (88.748 a Canarias y 244 a Baleares), 65.164 a la península y 28.541 a las ciudades autónomas (14.733 a Ceuta y 13.808 a Melilla).
Si atendemos a los inmigrantes que intentan saltar las vallas de Ceuta y Melilla, la mayoría procede de Mali (que es también la nacionalidad mayoritaria de los inmigrantes que se encuentran en los CETIS, los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, de ambas ciudades autónomas). Le siguen Guinea Conakry y Siria. También se detecta una importante llegada de refugiados sirios. En cuanto a los inmigrantes que acceden a través de cayuco, suelen proceder de Sudán, Nigeria y Mali.
El acuerdo con Mali, suspendido
En los últimos años, los inmigrantes procedentes de Mali se han convertido en mayoría de entre los que llegan a nuestro país.
Tal es la importancia de esta llegada que el Gobierno español decidió abrir una embajada en Bamako, en 2006, dirigida a gestionar los flujos migratorios. La colaboración se reforzó en 2007, cuando las autoridades de ambos países firmaron un acuerdo para permitir la contratación en origen de trabajadores, sobre todo para labores agrícolas, y facilitar la repatriación de irregulares.
Sin embargo, el acuerdo quedó supendido en 2012, año de estallido de la crisis política en el país que provocó el derrocamiento del presidente Amadou Touré, lo que ha permitido a muchos inmigrantes solicitar su derecho a asilo.