Niños obligados a ver a sus padres maltratadores. La situación no es nueva, antes de obligar a Juana Rivas a entregar a sus hijos, otras resoluciones judiciales permitieron que hijos y agresores se encontrasen. Asociaciones de lucha contra la violencia de género cargan contra la entrega de los niños de Juana al que fue su agresor y advierten de los peligros de permitir la convivencia entre maltratadores y niños.
El caso de Ángela y Andrea
El sistema jurídico español ya demostró sus carencias en materia de violencia de género con el caso de Andrea. Su madre, Ángela, era acosada y perseguida por su exmarido, pero al mismo tiempo debía permitir que su hija se reuniese con su maltratador sin vigilancia y varias horas a la semana por resolución judicial.
Ángela avisó en varias veces sobre el peligro de los encuentros entre su hija y el maltratador, pero sus denuncias cayeron en saco roto y su hija de 7 años era asesinada en 2003.
14 años después, desde Woman’s Link batallan para internacionalmente se reconozca la responsabilidad del Estado en la muerte de Andrea. Los juzgados españoles fallaron permitiendo que Andrea pasase tiempo a solas con su padre sin tener en cuenta el historial maltratado y sin escuchar a la niña, que en varias ocasiones reiteró no querer volver con el padre. Como en el caso de Rivas, la opinión del menor no fue tomada en cuenta por el juez ya que dicha declaración es sólo obligatoria a petición de parte con mayores de 12 años.
Otros casos sin denunciar
El caso de Ángela y Andrea puso a los juzgados españoles en el punto de mira de observadores internacionales como la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), que aconsejó a España de tomar las medidas necesarias para que casos como el de Ángela no volviese a ocurrir. Sin embargo, a pesar de las reclamaciones internacionales, las situaciones de encuentro entre maltratadores e hijos siguen permitiéndose.
Sin embargo, la situación parece lejana a resolverser. Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas y abogada especialista en casos de género, cuenta cómo las situaciones donde agresores e hijos se encuentran y conviven no son situaciones aisladas y suelen ser foco de problemas. Según cuenta, conocen multitud de expedientes donde los niños son utilizados por los maltratadores para continuar con las situaciones de agresión y acoso a la mujer. Besteiro menciona casos de niños que se ven obligados a visitar a padres en prisión, condenados por violencia de género una situación que considera «insostenible», ya que se permite la convivencia entre víctimas y verdugos. «La ley reconoce a los niños como víctimas de violencia de género, incluso si no la han sufrido físicamente. Sin embargo, la ley permite que un padre con antecedentes en vilencia de género pueda pasar tiempo a solas con los niños».
Derecho a ser escuchados
Avanza sin miedo es otra de las asociaciones que han querido mostrar su rechazo a la entrega de los niños al exmarido de Juana, denunciando otro de las grandes carencias de la ley actual del menor, la entrega de los niños sin que se tenga en cuenta su opinión.
Según ley, los menores deben declarar en procesos judiciales de custodia cuando cumplan más de 12 años y, siendo menores de 12, cuando el juez considere que son suficientemente maduros. En el caso Rivas dicha intervención no se permitió ya que el mayor sólo tenía 11 años. La fiscalía alegaba entonces que la madre influiría en la declaración de los menores, un criterio que el propio Consejo General del Poder Judicial aconsejó evitar en la Guía sobre violencia de género y menores, tal como denuncian desde Avanza sin miedo.
Con la actual resolución judicial, los niños podrán ser llevados a Italia para convivir con su padre, incluso en contra de su voluntad de los menores. Una entrega que no se ve interrumpida, a pesar de existir antecedentes de violencia de género sobre el padre de los niños y procesos judiciales abiertos pendientes de resolución. Mientras los niños viajan a Italia, Juana Rivas se enfrenta ahora a una acusación por delito de desobediencia e secuestro internacional de menores.