La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó este lunes la prisión preventiva sin fianza para los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por promover las concentraciones del pasado 20 y 21 de septiembre en Barcelona.
Las reacciones no se han hecho esperar y a las pocas horas de saltar la noticia muchos ponían el grito en el cielo para tildar de “desproporcionada” e incluso “política” la decisión del juzgado de instrucción de Madrid. No obstante, enviar un acusado a la cárcel de forma provisional no es una decisión azarosa; la justicia exige que la medida cumpla fuerte requisitos legales, todos ellos fehacientemente enumerados por la juez Lamela en su auto.
¿Es necesario enviar a ‘los Jordi’ a prisión provisional por un presunto delito de sedición? ¿O es, como algunos claman, una decisión desproporcionada y con evidente intencionalidad política?
El choque de argumentos está servido. Estas son las posturas a favor, en contra e intermedias para el debate:
A favor de la prisión para ‘los Jordi’:
- Existe innegable riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reincidencia
El auto de Lamela es claro: el riesgo de “fuga”, “destrucción de pruebas” y “reincidencia” es tan alto que no existe una medida menos gravosa a aplicar para los acusados.
Además, la sedición es un delito calificado como muy grave con una pena de hasta 10 años y la supuesta actuación de Cuxart y Sànchez se llevó a cabo utilizando una organización como medio, lo que agrava su situación y justifican la prisión, tal y como subraya Lamela.
- Existen pruebas
Según los hechos descritos, a Cuxart y Sànchez se le imputaría un delito de sedición por organizar “llamamientos” en la noche del 20 al 21 de septiembre para “impedir la actuación” de los Cuerpos de Seguridad del Estado y la aplicación de la ley.
El escrito menciona pruebas como mensajes de Whatsapp, vídeos e imágenes, donde resulta evidente que ambos acusados se dirigen a los “manifestantes” para “alentar a las masas” y así sitiar la Consejería De Economía, con el fin final, según el auto, de “evitar la actuación de la Guardia Civil”.
Ni a favor ni en contra:
- La prisión es algo excepcional
Ignacio González, de Jueces por la democracia, ha opinado para teinteresa.es sobre la encarcelación de ‘los Jordi’. Según el jurista, Lamela tiene motivos de peso para decretar la prisión incondicional, aunque al mismo tiempo ha admitido que existen “medidas menos gravosas”, como la comparecencia apud acta o la prisión provisional con fianza, aunque reconoce que la decisión “depende del juez”.
Sin embargo, añade: “Hay que recordar que en un Estado de Derecho como el español la libertad es lo general y la prisión es la excepción”. Como ha recordado, el sistema judicial español es “garantista”.
Por ello, la prisión incondicional se revisará “por vía preferente”, lo que puede implicar que se decrete pronto la libertad si los magistrados encargados de la revisión así lo consideran. Tal como cuenta González, no sería el primer caso que la prisión provisional se suspende. Ya en el caso de los titiriteros en Madrid la Fiscalía solicitó la prisión provisional para luego suspenderla dos días después.
En contra de la prisión para ‘los Jordi’
- “Son presos políticos».
Muchos lo tienen claro. La medida del juzgado de instrucción nº3 de Madrid es sin duda una acción política y los presupuestos para decretar la más gravosa de las medidas cautelares no se cumplen. Así lo defendía Gabriel Rufián para una entrevista en el martes en La Sexta, cuando en Barcelona era convocada una manifestación para la liberación de los ‘Jordi’. Rufián fue tajante. “Están en la cárcel sólo por defender sus ideas. Esto significa el fin definitivo del Estado de Derecho”.
- “Fueron manifestaciones pacíficas”.
Para muchos la actuación de Sànchez y Cuixart no resulta muy diferente a la de una manifestación al uso y plantean la diferencia entre “actividad tumultuaria”, que exige sedición, y la mera “manifestación pacífica”. La propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tomaba partido horas después de la excarcelación de los ‘Jordi’ calificando la medida de “gran error” ya que, para ella, sólo se trataba de una “manifestación pacífica”. En protesta, la alcaldesa ha decidido suspender la actividad administrativo del Ayuntamiento de Barcelona durante dos días.
Presó per organitzar manifestacions pacífiques? Totalment injust i un greu error que ens allunya del diàleg. Prou judicialització! pic.twitter.com/Xk3HC1LFtJ
— Ada Colau (@AdaColau) 16 de octubre de 2017
La postura de Colau es compartida por Rufián, que planteaba en televisión dónde estaría el límite en caso de que los Jordi fuesen declarados culpables. “Si encarcelan a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por sedición, ¿quiénes serán los siguientes? ¿La PAH? ¿Los activistas? ¿los manifestantes?” cuestionó Rufián en una entrevista para televisión.
La cuestión, lejos de ser banal, plantea la venida de un intenso debate jurisprudencial sobre el delito de sedición, un tipo penal sin apenas precedentes en la democracia española.