El Gobierno no permitirá la candidatura de Carles Puigdemont como President de la Generalitat. La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la intención por parte del ejecutivo de iniciar todos los trámites legales posibles para impugnar y evitar la llegada del candidato de JxCat a la presidencia, a pesar de haber sido ya firmado por el presidente del Parlament, Roger Torrent.
Para conseguirlo, el ejecutivo ha optado por acudir de nuevo ante el Tribunal Constitucional. Si el Consejo de Estado lo permite – el cual ya está tramitando el informe previo -, el gabinete de Rajoy presentará recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la candidatura de Puigdemont al considerar que el President carece de “libertad deambulatoria” y que por lo tanto no resulta apto para el cargo.
También ha solicitado la intervención del Consejo de Estado para que resuelva la cuestión de si es posible que Puigdemont sea investido President desde otro lugar que no sea el suelo del Parlament.
La mera admisión a trámite del recurso (que no la aceptación) conllevaría la paralización del proceso de investidura, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución, lo que alargaría la incertidumbre.
El anuncio de Santamaría llega a las puertas de la inminente proclamación del candidato de JxCat como President. Aunque aún no se conozca exactamente cómo se hará por la delicada situación legal del que fuera expresident, sí que ERC y JxCat han fijado la fecha de la proclamación para el martes 30 o miércoles 31 de enero, aunque aún no hay acuerdo en qué día será el oficial.
Dicha previsión que deja poco espacio de maniobra tanto al ejecutivo como al constitucional, que debe pronunciarse con rapidez si quiere evitar la proclamación.
PDeCAT: “es una actitud antidemocrática”
Por su parte, desde PDCaT, el partido que engloba a JxCat, la actitud del Gobierno resulta totalmente “antidemocrática” y consideran esencial que Puigdemont sea investido President para conseguir que “la normalidad vuelva a Cataluña.”.
Así lo ha defendido Carlos Campuzano, el portavoz del grupo, ante una entrevista en televisión tras el anuncio de la vicepresidenta. “Es muy evidente que el gobierno no está reconociendo los resultado del 21 de diciembre”
Asímismo, también ha recordado que la investidura de Puigdemont es completamente “legal” y que no existen más obstáculos que aquellos que el gobierno quiera crear. “No hay ninguna razón legal para impedir que Carles Puigdemont sea propuesto como candidato por Torrent, ni sea elegido. (…) Es un abuso de posición y espero que ni Consejo de Estado ni el Tribunal Constitucional avalen esta postura del gobierno”.
Las formas posibles para la proclamación, según Puigdemont
Y es que para Torrent y Puigdemont la proclamación, a pesar de la delicada situación legal del candidato, es posible.
Para tratar el asunto el propio Torrent se desplazó a Bruselas el miércoles y organizó una reunión con el candidato. Tras dicho encuentro Puigdemont aseguró que no dará su brazo a torcer a pesar de lo delicado de su situación.
Su proclamación es un “mandato” nacido de las elecciones del 21-D y por ello él “hará todo lo posible” y trabajará “hasta el último momento” para estar presente en el pleno de investidura. No cierra las puertas a “otras formas” para ser proclamado presidente, pero ha pedido «que se retiren todos los elementos que impiden la normal celebración del pleno, y hay que intentar hasta el último momento que eso sea posible».
La otra medida: la consulta potestativa
Además, la vicepresidenta ha avanzado que el Gobierno ha elevado una consulta potestativa para que el Consejo de Estado ofrezca su opinión sobre varios aspectos clave:
Por un lado, si un candidato que no esté presente en el Parlament puede ser investido sin su presencia. Esto es esencial, pues de confirmarse Puigdemont podría ser investido desde Bruselas y seguir blindado frente a su orden de detención.
En segundo lugar, si se admitiera el voto delegado de los diputados huidos en Bruselas, el Gobierno quiere que el Consejo de Estado se pronuncie sobre si sería procedente denegar ese voto delegado o en caso de que se permitiera, si podría impugnarse ante el Constitucional.