El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ya no instruye el »caso Emperador», que desarticuló la mayor mafia china instalada en España y que acabó con la detención e ingreso en prisión de Gao Ping, considerado un empresario ejemplar para la comunidad asiática. El magistrado ha decidido abstenerse de la causa por su amistad con el comisario Carlos Salamanca, a quien la Fiscalía ha pedido imputar. Sin embargo, pocos días antes de recibir de manera formal esa petición de imputación, Andreu decidió excarcerlar a la mujer de Ping, Lizhen Yang.
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Sala de lo Penal esa puesta en libertad, ordenada el pasado 21 de marzo, después de que la acusada abonara 300.000 euros en concepto de fianza. El Ministerio Público está en contra de la salida de prisión de Yang no sólo porque es la mujer del principal imputado, sino también porque es una de las líderes de la organización desmantelada, porque no lleva ni un año entre rejas, porque está acusada de numerosos y graves delitos, porque no ha colaborado con la Justicia y porque en enero la Sala de lo Penal ya confirmó la prisión incondicional para ella.
Es más, Yang era conocedora y consentía la “captación de la voluntad” de funcionarios públicos, lo cual ha derivado en un extenso informe que Asuntos Internos ha entregado a la Fiscalía. De hecho, el comisario Salamanca –con quien Andreu mantiene lazos de amistad– habría intermediado, según las investigaciones, para que una ciudadana china entrara en España a pesar de tener prohibido el acceso al país.
Una vez que Andreu ha decidido apartarse de la totalidad de la causa, y su petición ha sido confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la petición de imputación de varios comisarios, otros agentes de policía, guardias civiles y policías municipales tiene que ser resuelta por el sustituto natural del juez, que es su compañero Ismael Moreno, precisamente el mismo magistrado que rechazó hace cuatro años investigar este caso. Aquella decisión, de hecho, que fue ratificada por la Sala, porque en ese momento no había indicios suficientes para llevar a cabo la operación.
La liberación de Yang tampoco facilitan la investigación, ya que, de ser confirmada por Sala –a la que ha recurrido la Fiscalía–, podría conllevar una cascada de peticiones de excarcelación del resto de imputados con base en los mismos argumentos utilizado por la mujer de Ping. Es más, Andreu también tenía encima de la mesa una solicitud de modificación de medidas cautelares presentada por la defensa de Ping, quien está esperando una respuesta a ese escrito para poder poner un pie en la calle.
Para el juez, la causa ha venido desde el principio acompañada de un cúmulo de complicaciones, que Andreu ha resuelto de golpe apartándose del asunto. Ya cuando se produjeron las detenciones, en octubre de 2012, tuvo el primer tropiezo. Estuvo durante días tomando declaraciones a los numerosos detenidos y dejó para el final a los que más peso tenían dentro de la organización. Tras decretar prisión para todos, sus defensas recurrieron porque, a su juicio, habían estado en dependencias policiales más horas de las establecidas por ley. La Sala dio la razón a los imputados y ordenó dejarles inmediatamente en libertad. Entre ellos estaban Gao Ping y su mujer.
Mientras los investigadores buscaban nuevas pruebas para devolverles a la cárcel, un abogado se querelló tanto contra el juez como contra los dos fiscales en el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación. La querella finalmente no fue admitida a trámite, pero provocó que Andreu no se sintiera apoyado por sus compañeros de la Audiencia Nacional. Meses después, se recabaron nuevas pruebas y el instructor volvió a meter en prisión a los imputados, aunque no a todos, ya que uno de los matrimonios acusados había huido fuera de España.
Un amigo del juez, bajo sospecha
Meses después, Asuntos Internos entregó un informe en el que implicaba a policías, a los que pedía investigar por su posible colaboración con la organización criminal y entre los que se encontraba Salamanca, el amigo del juez. La solicitud se produjo mientras Andreu empezaba a modificar esas prisiones, decretadas en abril de 2013. Yang está imputada por un delito continuado de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, contra la Hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, amenazas, cohecho y falsedad documental.
En su recurso, Anticorrupción explica que se trata de “una destacada miembro de la cúpula directiva de la organización criminal, ya que no es sólo partícipe de la dirección de las mercantiles controladas por el líder de la misma, Gao Ping, sino que también dirige junto a él la estructura dedicada específicamente al blanqueo de beneficios de las actividades criminales realizadas por dicha organización”.
También, dicen los fiscales, hay que tener en cuenta que sus dos hermanos y una de sus cuñadas están huidos de la justicia española y eran quienes se encargaban de forma directa de la gestión y administración de la “sobresaliente” cantidad de dinero en efectivo (fruto de las actividades delictivas) que transferían mediante diversos modos a China.
Yang “es una de las jefas de la organización criminal investigada”, asegura la Fiscalía. Conforme a su estatus, participa en la gestión, administración y explotación del entramado societario creado y controlado por la organización criminal. Su posición, además, supone que sea informada de las cuantías totales de capital movido por parte de algunas de las empresas del entramado. En este sentido, es actora activa en el desarrollo de envíos de la capital a la República Popular China fuera de los cauces legalmente establecidos.
Son tres las formas usadas para poder disfrutar del dinero obtenido. En primer lugar, el transporte físico del montante fuera de España a través de personas (correos humanos) o de vehículos (mediante su ocultamiento en lugares construidos al efecto). En segundo lugar, la salida mediante transferencias bancarias y a través de remesadoras. Y en tercer lugar, la compensación operada entre personas que necesitan realizar salidas de dinero a China y personas que necesitan dinero en efectivo en España.
Dice la Fiscalía que existe peligro de fuga porque tiene nacionalidad china y su país no extradita a sus ciudadanos. Además, continúa el Ministerio Público, hay que tener en cuenta la ingente cantidad de dinero que la organización ha sacado a China, así como los medios económicos con los que ésta cuenta y que podrían facilitarle la huida.
Andreu se basaba en su arraigo en España y de que tiene hijos menores a su cargo, además de que su marido también se encuentra en prisión. Sin embargo, la Fiscalía recuerda que la tutela de la Comunidad de Madrid se queda con lo menores y que Ping tenía intención de abandonar España, con su amante, sin contar con ella.