El Magistrado José María Vázquez Honrubia, del juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha condenado a dos años de prisión a Pedro Farré López, exdirector de Relaciones Corporativas de la SGAE, por haber cargado en la tarjeta de crédito de la entidad 40.000 euros gastados en locales de alterne.
La misma sentencia condena a un año de prisión al ex director financiero de la Sociedad General de Autores y Editores, Ricardo Azcoaga Quincoces, por el encubrimiento de esos gastos.
El fiscal, que pedía para Farré cuatro años y diez meses de cárcel, explicó en su día que las cantidades que gastó el directivo cada noche oscilaron desde los 67 a los 2.189 euros.
En su escrito de acusación, el representante del ministerio fiscal destacó que, ya que los bancos no instalan cajeros en este tipo de locales(prostíbulos), los cargos efectuados solo se pueden atribuir a que Farré pagó con la tarjeta directamente en el establecimiento y por diferentes conceptos, como «consumiciones y alojamiento con chicas».
Farré dejó su cargo en la SGAE por despido el 19 de mayo de 2009, cuatro días después del último cargo a un club de alterne, y que en esa fecha recibió 62.974 euros en concepto de finiquito (53.000 de ellos como indemnización).
A Ricardo Azcoaga, como director financiero de la SGAE y máximo responsable del área de control de gastos, se le acusó de ordenar que se trasladaran las cantidades no justificadas de Farré a una cuenta de «gastos sin justificar».
Fitonovo borra sus negocios de la red ¿Son estos los datos que no quiere mostrar?
La empresa Fitonovo, clave en la trama Enredadera y que ha servido, por su actividad centrada en parques y jardines, para dar nombre a la macrooperación de la juez Mercedes Alaya, que ha acabado con la detención de 32 políticos, empresarios y cargos por amaño de contratos públicos, ha decidido borrar todos los rastros posibles en la red.
Hoy, a media tarde, la página, que ayer y a primera hora de la mañana se podía consultar sin problema, aparece en construcción. La acción recuerda a otra reciente, cuando la empresa Cofely, eje de la trama Púnica, que tenía como objeto el pago de comisiones por contratos, decidió borrar de su web las noticias de adjudicaciones con alcaldes implicados.
Sin embargo, La Información ha conseguido rescatar buena parte de los datos borrados, a partir de los que se evidencian la incesante actividad de la sociedad, que pasó de tener un objeto social de comercialización de productos de droguería y perfumería y facturar cien mil euros en 2005, a tener un activo de 36 millones seis años después, gracias al supuesto amaño de contratos públicos que ahora se investiga, según recoge Abc.