Lunes 05/06/2017.

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Las cifras de la corrupción

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Corrupción política en España: casi 1.700 causas abiertas, sólo 23 políticos en prisión

  • Matas, Munar, Fabra, Griñán...en nuestro país hay abiertas 1.700 causas por corrupción. Sólo 20 personas están en la cárcel.
  • Por el momento, la máxima sentencia la cumple el cerebro del caso Malaya, José Antonio Roca,  condenado a once años. 
  • El agujero que provocó esta trama al ayuntamiento de Marbella se calcula en 500 millones de euros.
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Caso Bárcenas, Malaya, EREs de Andalucía... las causas por corrupción que implican a los políticos se acumulan en los juzgados españoles. Según el ranking global que cada año publica la ONG Transparencia Interrnacional, España ha caído diez puestos-de la posición 30 a la 40- por detrás de Brunei y justo por delante de Cabo Verde, en la percepción que del estado de la corrupción tienen varios analistas y expertos internacionales para cada país teniendo en cuenta las legislaciones nacionales o la diligencia de los procedimientos judiciales, entre otros factores. 

Esto supone que el nuestro es el segundo país del mundo donde más aumentó la percepción de corrupción el año pasado, sólo por detrás de Siria, un país que vive una situación de Guerra Civil y bajo la amenaza de los yihadistas del Estado Islámico.

El mapa de la corrupción política no distingue ni de provincias ni de color político. Según datos del CGPJ a diciembre de 2013, en nuestro país hay en 1.661 causas abiertas en los diferentes  órganos judiciales españoles por delitos relacionados con la corrupción. Éstas afectan a tipos penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.

Pese a este abultado número de procesos, la cifra de personas que actualmente están en prisión cumpliendo condena es muy reducida, apenas 23 cargos políticos, sobretodo debido a la dilatación de los procesos judiciales, que en muchos casos son muy amplios y su investigación abarca un amplio periodo de tiempo.

Estos son algunos de los políticos que actualmente cumplen condena en nuestro país por corrupción:

Jaume Matas

El exministro popular y dos veces presidente de Baleares ingresó en prision el pasado 27 de julio para cumplir una condena de nueve meses por delito de tráfico de influencias por contratos ilegales a su redactor de discursos, Antonio Alemany, también condenado a dos años y tres meses.

La sentencia es una de las más de veinte piezas del caso Palma Arena en las que está implicado, y que guardan relación con su último mandato como presidente balear, entre 2003 y 2007.  La principal tiene que ver con la investigación de un mega centro deportivo que acabó costando a las arcas públicas 110 millones de euros, el doble de lo presupuestado.

Matas está también imputado en la pieza del "caso Urdangarín", por la que que se enfrentaría a una petición de Fiscalía de cinco años de cárcel. Bajo el mandato de Matas, el Gobierno de baleares encargó al Instituto Noos la organización de dos foros sobre turismo y deporte, por los que la empresa de Urdangarín se embolsó 2'3 millones de euros entre 2005 y 2006.

El juez Castro investiga la posible fortuna que Matas tendría oculta en EEUU y el origen de su elevado tren de vida. Entre las pistas que sigue Castro está la compra de un palacete tasado en 2'4 millones de euros, por el que sólo habrían pagado 980.000 euros.

La Fiscalía anticorrupción imputa a Matas por delitos de malversación de caudales públicos --hasta en siete ocasiones--, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales y un delito electoral, delitos que llevarían aparejada una posible condena de más de 24 años de prisión aunque penados con un límite máximo de cumplimiento de 18 años de cárcel.

Entre otros numerosos hechos delictivos, el Ministerio Público le atribuye haber ordenado el pago de desvíos presupuestarios de más de 41 millones de euros, dentro del caso que investiga el desfase presupuestario cometido durante la construcción del Palma Arena y su posible conexión con el presunto enriquecimiento ilícito del ex jefe del Ejecutivo autonómico.

María Antonia Munar

La que fuera presidenta del Consell de Mallorca fue condenada a cinco años y medio de cárcel  por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y falsedad en documento oficial. La sentencia condenó también a otro vicepresidente del Consell, Miquel Nadal, a una pena de dos años y siete meses de prisión por los delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental.

La sentencia consideró culpable a Munar y a otras seis personas, entre otras, de conceder dos subvenciones irregulares de 120.000 euros en 2004 y 2005 a la productora Vídeo U, la mitad de la cual había sido adquirida poco tiempo antes por Munar y Nadal mediante dos testaferros.

Luis Bárcenas

En prisión desde hace un año, en espera de que se celebre el juicio, el extesorero del PP se enfrenta a diez delitos contra la Hacienda Pública por dejar de ingresar el IRPF y el Impuesto de sociedades durante siete años por un valor superior al legal, los 120.000 euros, uno continuado de blanqueo de capitales, uno de falsedad documental por el documento sobre la compraventa de cuadros para justificar un ingreso de su mujer de 500.000 euros, otro de cohecho, cuando recibió 72.000 euros de Francisco Correa (se considera que por este delito podría ser condenado a seis meses de prisión) y otro de estafa procesal en grado de tentativa. Las penas de cárcel, si se acumulan, van de los 14 a los 62 años.

Caso Malaya

El cerebro del caso Malaya, y exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca,  fue condenado  el año pasado a once años de cárcel, de los 30 que pedía Fiscalía, y a una multa de 240 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto. 

Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, fue condenado a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por fraude y prevaricación. La petición de Fiscalía era de 10 años de prisión.  Por su parte, la exalcaldesa Marisol Yagüe fue condenada a seis años por cohecho continuado pasivo, malversación, alteración del precio de subasta y fraude.

Otros casos polémicos

Hace unos años, los españoles nos acostumbramos a una palabra "Gürtel". Su significado, en alemán, es "correa". El mismo apellido que el del empresario que dio nombre a esta red de conveniencia entre empresarios y políticos. Uno de los nombres surgidos en esta trama fue el del expresidente de la Diputación valenciana, Francisco, Camps, quien, junto con el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa,  fue imputado por la presunta comisión de un delito de cohecho por la aceptación de unos trajes de marca por valor conjunto de 23.193 euros, en concepto de regalos de las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama.

El escándalo llevó a la dimisión de Camps, en julio de 2011. "Voluntariamente ofrezco mi sacrificio para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno", dijo entonces. Meses después, un jurado popular los declaró no culpables, por cinco votos a cuatro,  al considerar que no estaba probado que hubiesen recibido los regalos de los líderes de la Gurtel, a pesar de que existían varias pruebas y grabaciones

Los miembros del jurado basaron su decisión en las contradicciones entre las declaraciones del sastre y de la empleada de la tienda de ropa y en la credibilidad a las declaraciones de los altos cargos de la Generalitat valenciana que desvincularon a los imputados con la capacidad o influencia en las contrataciones de eventos y obras.

Varios procesos de especial impacto mediático están todavía en marcha. Es el caso de la causa contra Iñaki Urdangarín por los delitos cometidos a través del Instituto Noos, que presidió entre 2003 y 2006. El juez Castro le atribuye concretamente ocho, malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.

Junto con los beneficios obtenidos por este instituto de las distintas administraciones- por ejemplo,  más de tres millones de euros del Gobierno valenciano por la organización de tres ediciones del evento deportivo Valencia Summit-  el esposo de Cristina de Borbón dejó de pagar a Hacienda 182.005 euros en el año 2007, mientras que en 2008 la cuota evadida fue de 155.138 euros. La pena que llevan aparejada los delitos apuntados por Castro es de 23 años de cárcel.

El caso Pujol es otro de los focos de atención más calientes.  El expresident de la Generalit podría enfrentarse hasta a once años de cárcel por haber mantenido su fortuna oculta durante 34 años en el extranjero. Sin embargo, su edad hace improbable su entrada en prisión.

El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, debía acudir el pasado 3 de septiembre a la Audiencia Provincial de Castellón para que le comunicase su entrada en prisión para cumplir la condena de cuatro años de cárcel, confirmada por el Supremo en julio, por cuatro fraudes fiscales cometidos entre 1999 y 2003.

Sin embargo, seis días antes, Fabra presentó una solicitud de indulto al Gobierno como estrategia para dilatar esa entrada. La Audiencia Provincial debe determinar la próxima semana si suspende ese ingreso mientras se tramita la solicitud.

En Cataluña, este mismo año ha ingresado el exinspector jefe de Hacienda, Josep Maria Huguet, --condenado a seis años y diez meses por su implicación en el 'caso Hacienda'-- y también los expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) Antoni Herce y Enric Roig, condenados a cuatro años y medio por malversación, aunque éste sólo va a la prisión a dormir. Además, la Audiencia de Barcelona ha ordenado esta semana la inmediata entrada en prisión del empresario andorrano Fidel Pallerols y del excargo de UDC Vicenç Gavaldà, condenados por una financiación irregular.

En Canarias, pese a la decena de regidores imputados en diferentes casos judiciales, sólo cumple condena el fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, ya en tercer grado por condena de 8 años de cárcel por malversación de caudales públicos por la gestión del Complejo Agroindustrial de Teguise durante su época como alcalde de este municipio lanzaroteño.

Murcia también cuenta con varios municipios afectados por casos de corrupción, pero únicamente el exalcalde de Totana está en prisión, aunque en la actualidad disfruta del tercer grado y sólo duerme en la cárcel.

Muchos imputados, pocos encarcelados

Un caso particular es el de la Comunidad Valenciana, donde hay múltiples escándalos de corrupción abiertos pero ningún político está en prisión. En las Cortes Valencianas, hasta cinco diputados del PP están imputados, cuatro de ellos por el 'caso Gürtel', y la quinta, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el 'caso Brugal'. Pero también están imputados hasta cinco exdiputados 'populares' que renunciaron al escaño.

   Tampoco en Galicia hay ningún político en prisión, aunque sí son varios los que entraron en prisión preventiva y ahora están en libertad bajo fianza. Es el caso de numerosos implicados en el caso Pokémon, que afecta a políticos de PSOE y PP de varias provincias gallegas, como el ex alcalde de Orense Francisco Rodríguez o el de Boqueixón (A Coruña), el 'popular' Adolfo Gacio.

Baleares es autonomía en la que más políticos están en prisión por alguna causa relacionada con la corrupción. En el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía,  hay imputadas más de 200 personas en sus tres años de instrucción, pero solo una persona está en prisión. A mediados de agosto, la juez Alaya decidió elevar al Supremo la causa contralos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

¿Cuál es el coste de la corrupción?

El saqueo de las arcas municipales que suponen estos casos de corrupción para los ayuntamientos españoles suma cifras de muchos ceros. Pero tantos, que a veces es casi imposible conocer el alcance real de lo defraudado. Y mucho menos tener esperanza en recuperarlo. El Ayuntamiento de Marbella. por ejemplo, ha cifrado entre 460 y 500 millones de euros el dinero defraudado por la trama del Malaya, basada en dar a los constructores vía libre para sus proyectos a cambio de ingentes comisiones. Pero peor aún es el impacto que este caso ha tenido para la imagen de la ciudad.

La Junta de Andalucía reconocía hoy un agujero cercano a los 100 millones de euros, entre el caso de los ERE, el de los cursos de formación y la trama de las facturas falsas de UGT. Sin embargo, la cifra es provisional y se prevé mucho mayor, ya que de momento la Junta sólo ha revisado la mitad de los expedientes: 4.565 de un total de 8.737.

En febrero, los socialistas valencianos presentaron  un estudio que concluía que la corrupción en la Comunidad Valenciana redujo la actividad económica de la región en 1.184 millones de euros en tres años.

Un sorprendente estudio realizado en la Universidad de Las Palmas elevó el coste hasta a los 40.000 millones de euros. En este caso, se hablaba de un "coste social", considerando el impacto que los casos de corrupción tienen sobre la reducción de inversión extranjera, los casos que no se detectan o no pueden ser probados judicialmente, o el desánimo en la población.

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