Fernando Andréu habrá calibrado al milímetro su decisión de saltarse el criterio de la Fiscalía Antocorrupción y poner en marcha el ventilador en el caso de las preferentes. Porque una vez abierto el melón ya no debería haber marcha atrás. Conocido el pecado de la estafa perpetrada con estos productos, la admisión de la querella por el juez de la Audiencia Nacional debería llevarnos hasta los pecadores, hasta el final de ese túnel donde con luz y taquígrafos conozcamos quiénes la diseñaron, quiénes la permitieron y quiénes la perpetraron.
La decisión de Andréu no puede ser más valiente. ¿Se imaginan a los directores de sucursal de los bancos y cajas implicados explicando con todo lujo de detalles qué órdenes recibieron para colocar preferentes y de quién, por qué importe, en qué plazos y con qué incentivos? En definitiva, vamos a saber cómo era la cadena de mando.
Porque de eso y no otra cosa va esta querella que va a investigar a Caja Madrid, Bancaja y Banco Financiero y de Ahorros, así como a cinco responsables del grupo directamente implicados: Carlos Stilianapoulus, Fernando Cuesta, Carlos Contreras, Aurelio Izquierdo y Fernando García Checa. A ellos y por extensión a todos sus colaboradores necesarios, tanto por arriba como por debajo en el escalafón.
Como recogía la querella presentada por Unión Progreso y Democracia (UPyD) y que la Audiencia admite, se les va investigar por los delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal, y maquinación para alterar el precio de las cosas. Una noticia estupenda para nuestro estado de derecho, que a partir de ahora debería dejar trabajar a Andreu con la más absoluta libertad.
Como dice el sentido común, el auto de Andréu señala que «no puede descartarse su relevancia penal -de los hechos-, y aun menos sin haberse efectuado un mínimo de actividad de instrucción sumarial”. Un palo en toda regla a la Fiscalía, que se apresuró a valorar que la venta de preferentes no se pude clasificar como un delito de estafa porque el producto en sí mismo no lo era. Es decir, que el problema está en la forma de venderlo, lo que debería ser tratado por la vía civil.
Un punto de vista tan original como discutible, porque sólo faltaba que nuestro sistema financiero vendiera productos al margen de la ley. De lo que se trata es que esclarecer quiénes son los responsables de la mayor estafa de la historia del sistema financiero español, que no hubiera sido posible si los supervisores,los reguladores y, por supuesto, los banqueros, no hubieran mirado hacia otro lado.
Andreu ha dado un paso decisivo para desactivar cualquier intento de crear lo que ha demoninado como «espacios de impunidad», pero lo duro empieza ahora. En estos momentos, a más de uno no le llega la camisa al cuello. Si el juez llega hasta el final, escucharemos historias para no dormir, pero necesarias también para hacer justicia y expulsar a los tramposos de nuestro sistema financiero.