Para los administradores de fincas, las medidas que adoptó el Gobierno, como la prolongación de la duración del contrato de arrendamiento de tres a cinco años, provocaba un aumento del precio del alquiler, al buscar los propietarios la rentabilidad de sus activos.
Por ello, opinan que esta situación es justo la contraria a la que el Gobierno buscaba. Además, creen que en materia de alquileres turísticos «es necesario coordinar, ajustar y poner claridad en la definición y en las contradictorias y dispares regulaciones de viviendas de uso turístico de las diferentes comunidades autónomas».