Los helvéticos votarán este domingo en referéndum una iniciativa que pretender limitar el porcentaje de crecimiento de los inmigrantes que residen en Suiza y al mismo tiempo invertir 125 millones de euros en programas de control de natalidad en los países en desarrollo.
El objetivo de la iniciativa, presentada por un colectivo denominado Ecopop, es frenar el aumento de la inmigración en la Confederación Helvética para así, supuestamente, poder preservar el medio ambiente.
Tanto el Consejo Federal (gobierno) como las dos cámaras parlamentarias han rechazado claramente la iniciativa.
Concretamente, la iniciativa «Freno a la superpoblación-Sí a la preservación duradera de los recursos naturales» pide que se inscriba en la Constitución que el crecimiento anual de los inmigrantes permanentes en Suiza sea de un máximo de 0,2 %.
En números brutos, ese porcentaje corresponde actualmente a 17.000 personas.
Por otra parte, de aprobarse la iniciativa la Confederación deberá invertir al menos un 10 % del monto que consagra a cooperación internacional a programas de planificación familiar voluntarios.
Esa cifra se eleva actualmente a unos 150 millones de francos (unos 125 millones de euros).
Para rechazar la propuesta, el Gobierno argumenta que, aunque se limitara la inmigración, el medio ambiente no se preservaría automáticamente, dado que ello depende de otros aspectos como de una gestión rigurosa de los recursos naturales.
Asimismo, el Ejecutivo colegiado entiende que «sería pretencioso por parte de Suiza decidir lo que es bueno para los países en desarrollo», y detalla que la alta natalidad es una consecuencia directa de la pobreza y que para atajarla se necesita cooperación, no solo medios de contracepción.
Otro argumento usado por el Consejo Federal es que la rigidez de los flujos migratorios sería contraria a las necesidades económicas del país, dado que los empresarios no podrían contar con el personal necesario cuando realmente lo requieren, y porque muchos sectores dependen de mano de obra extranjera.
Finalmente, el gran argumento usado por el Gobierno son los problemas que la entrada en vigor de una iniciativa similar acarrearía para las relaciones con la Unión Europea (UE), ya de por si, muy tensas.
«Aceptar la iniciativa perjudicaría los esfuerzos realizados por el Consejo Federal para mantener relaciones sólidas y estables con la Unión Europea. Nuestra prosperidad depende de esas relaciones, dado que la UE es nuestro principal socio comercial: más de la mitad de nuestra exportaciones se destinan a la UE».
El Gobierno recuerda que aún está en proceso de elaborar un proyecto de ley para establecer contingentes a la entrada de extranjeros al país, tal y como lo pidió el pueblo en un referéndum el pasado 9 de febrero.
En esa ocasión, el 50,3 % de los suizos votaron a favor de limitar la entrada de todos los extranjeros -incluidos los ciudadanos europeos-, como herramienta para frenar una supuesta «inmigración masiva», a través del establecimiento de cuotas anuales que se aplicarán en un plazo de tres años.
El texto dio tres años al Gobierno para adaptar las leyes, para lo cual no le queda otra alternativa que renegociar el acuerdo de libre circulación con la UE.
El pasado 8 de octubre el gobierno suizo decidió entablar dichas negociaciones con la Unión Europea para lograr un acuerdo que permita al mismo tiempo mantener el espíritu de la iniciativa aprobada, tener en cuenta los intereses de la economía nacional, e intentar preservar las relaciones con Bruselas.
La Comisión Europea respondió el mismo día que estudiaría el mandato aprobado por Suiza para entablar negociaciones con el bloque comunitario sobre la libre circulación de personas, pero dejó claro que excluye renegociar cuotas de entrada de ciudadanos de países de la UE.
Eliminar privilegios a los ricos
Los helvéticos votarán este domingo en referéndum sobre si quieren eliminar o mantener los privilegios fiscales de los que gozan los extranjeros ricos que no ejercen ninguna actividad lucrativa en la Confederación Helvética.
Toda persona domiciliada en Suiza debe pagar impuestos, y la imposición se basa en los ingresos y en la fortuna.
Sin embargo, desde el siglo XIX existen privilegios concedidos a los extranjeros ricos que no ejercen ninguna actividad lucrativa en Suiza pero que quieren residir, teóricamente, de forma permanente.
Este privilegio permite que se les grave en función de su nivel de vida en Suiza y en el extranjero, es decir, en función de los gastos, y no de sus ingresos y su fortuna.
El tren de vida comprende el alquiler (o el valor que se pagaría por el alquiler si la vivienda es de propiedad), los gastos de comida, ropa, formación, pago a los empleados domésticos, los viajes, los coches, etc.
Actualmente, 21 de los 26 cantones tienen una legislación al respecto, dado que otros 5 -Zurich, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Exterior, Basilia ciudad, y Basilea cantón- contaban con ellos pero los abolieron en el pasado reciente.
Los cantones de la orilla del Lago Leman y los turísticos son los que cuentan con más beneficiarios de este privilegio.
Los partidos de izquierda han decidido acabar con estas prebendas y lograr que los extranjeros ricos paguen también en función de sus ingresos y de su fortuna.
Argumentan que la prerrogativa viola la igualdad fiscal, es una herramienta de evasión fiscal, y una traba a la lucha contra la criminalidad económica, y entienden que todos los residentes deberían ser tratados de igual forma.
Asimismo, argumentan que el sistema es «fértil al favoritismo y a la arbitrariedad» y que la domiciliación efectiva se verifica raramente.
Por ello, han presentado la iniciativa que tiene el elocuente título de «Freno a los privilegios fiscales a los millonarios».
La propuesta cuenta con la oposición del Consejo Federal (gobierno) y del Parlamento que argumentan que «existe una larga tradición» y entienden que este sistema revierte grandes ingresos para algunos cantones, y que deberían ser éstos quien decidan de forma unilateral.
El Gobierno acepta que la equidad fiscal no se respeta pero entiende que los beneficios son mayores que los inconvenientes.
No obstante, para apaciguar los ánimos y evitar que la iniciativa se apruebe, el Parlamento ha aprobado con el apoyo del Gobierno una nueva legislación que establece que a partir de 2016, el valor de gasto mínimo para poder beneficiarse del sistema será siete veces el valor del alquiler del domicilio.
Los partidos de derechas, los empresarios, las asociaciones de municipios de montaña, y los cantones más beneficiados rechazan la iniciativa.
Los defensores recuerdan que los cinco cantones que decidieron suprimir el privilegio no han padecido sustanciales pérdidas de ingresos.
Según los datos oficiales, en 2012 existían 5.634 beneficiarios del sistema, que aportaron 695 millones de francos (578 millones de euros) a las arcas públicas de los tres niveles administrativos.
No obstante, estos montos no significan más que el 0,4 % de las entradas fiscales de la Confederación, los cantones y los municipios.
Las reservas de oro
Los helvéticos votarán este domingo en referéndum una iniciativa popular que pide al Banco Nacional Suizo (BNS) que amplíe sus reservas de oro hasta, como mínimo, un 20 por ciento de sus activos, que dichos depósitos no puedan ser vendidos, y que todos estén consignados en la Confederación Helvética.
Durante siglos, el oro jugó un rol primordial en el orden monetario internacional, pero desde que hace 40 años perdió ese papel de valor de referencia, Suiza, como el resto de países, usa ese metal como una herramienta más de política monetaria.
A finales de los años 90, las reservas de oro de la Confederación helvética se elevaban a 2.590 toneladas, una cantidad enorme que se explica porque hasta ese momento aún se debía garantizar que existían suficientes reservas de oro para respaldar la moneda.
En el año 2000, la relación de paridad entre el oro y el franco suizo se suprimió, y el BNS vendió 1.550 toneladas de dicho metal en varias fases.
Actualmente, el BNS posee 1.040 toneladas de oro, lo que corresponde a un 10 por ciento de su fortuna.
De hecho, si se traslada este porcentaje al número de habitantes, Suiza es el país del mundo que más reservas de oro detenta.
A pesar de esta realidad, los promotores de la iniciativa piden que cesen las ventas de este metal argumentando «que las reservas de oro no son dinero de Monopoly con el que banqueros y políticos pueden jugar, sino fruto del trabajo de generaciones que nos han precedido, y pertenecen al pueblo».
Asimismo, piden que todas las reservas sean depositadas en suelo helvético.
«Nuestro oro sólo está seguro en Suiza y en ningún caso en un país extranjero sobreendeudado. En caso de crisis grave, incluso socios reputados y »particularmente fiables» como Estados Unidos o la Unión Europea, rechazarían sin dudarlo devolvernos nuestro oro».
Actualmente, el 70 por ciento de las reservas está depositado en suelo nacional, el 20 por ciento en el Banco de Inglaterra y el 10 por ciento en el Banco de Canadá.